Mientras la administración de Joe Biden discute la implementación de las leyes SB4, en Texas, y SB1718, en Florida, donde se penalizan los ingresos ilegales a Estados Unidos y le dan autoridad a la policía local para arrestar indocumentados, ahora Carolina del Norte envió un proyecto a la legislatura que propone medidas similares para su población.
La reglamentación HB-10, que llegará al Senado en los próximos días, indica que, de aprobarse, las personas que hayan ingresado de manera indebida al país tendrían que ser reportadas directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
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Esta normativa, conocida como House Bill 10, comenzó a ser debatida la pasada semana por el Comité de asuntos Judiciales del Senado del distrito y luego fue aprobada por el Comité de Reglas y Operaciones. Según informaron medios locales, se pondría en votación en el pleno del legislativo estatal, y si ratifican este proyecto pasará a manos del gobernador, Roy Cooper, quien tendría un plazo de 10 días para firmar o vetar la ley.
A diferencia de Texas y Florida, el objetivo principal de esta disposición sería obligar a que los sheriffs reporten a los agentes de ICE la detención de personas indocumentadas que sean acusadas de crímenes como robo con violencia, tráfico de drogas y violación sexual, con el fin de que se pueda agilizar su deportación. Sin embargo, podría sumar a quienes estén relacionados con delitos menores, como infracciones de tránsito.
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¿Por qué algunos están en contra de la ley antimigrante?
Muchas organizaciones de derechos humanos sostienen que la ley HB-10 podría tener un efecto negativo en la población, ya que viven alrededor de 488,000 migrantes, según un análisis reciente de la organización Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés).
Eloy Tupayachi, activista de la organización sin fines de lucro El Pueblo, dijo a medios estatales que este proyecto “genera miedo y temor en la comunidad”. Y agregó: “Hace que las personas tengan miedo de llamar a la policía cuando son víctimas de algún crimen y hace que no haya justicia para ellas”. En ese sentido, la presidenta y consejera delegada de la organización de apoyo comunitario El Centro Hispano, Pilar Rocha-Goldberg, calificó la ley como un “absurdo económico”, ya que el distrito depende, en gran medida, de la mano de obra inmigrante para el funcionamiento de sectores vitales como la construcción y la agricultura.
