Donald Trump prometió deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados a partir de que asuma la presidencia el 20 de enero. La población extranjera se mantiene a la expectativa por las políticas que planea implementar, entre las que se encuentra una ley para que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) pueda realizar detenciones en "lugares sensibles".
En el 2011, durante la administración de Barack Obama, se aprobó una ley que protege a los inmigrantes indocumentados de arrestos en "lugares sensibles" y que perdura en la actualidad. Estos son escuelas, hospitales y espacios de culto religiosos, entre otros, aunque la normativa cuenta con excepciones si los agentes del ICE reciben la autorización de sus supervisores.
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El designado por Trump como "zar de la frontera", Tom Homan, declaró a NewsNation que esta política se encuentra en revisión. En tanto, organismos en defensa de derechos de los inmigrantes dijeron que la norma vigente hace que "se sientan seguros sin el temor a ser deportados", ya sea a la hora de realizarse una revisión médica o de llevar a sus hijos a la escuela.
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La administración de Biden amplió la lista de "lugares sensibles"
Durante el gobierno demócrata se amplió la lista de "lugares sensibles", de la mano de Joe Biden y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Se sumaron:
- Parques infantiles
- Refugios para personas sin hogar
- Centros de respuesta a emergencias
- Refugios contra la violencia de género
En estas zonas, los agentes del ICE pueden realizar arrestos únicamente si son autorizados y relacionados con la seguridad nacional, el terrorismo o si existe riesgo de muerte o violencia.
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¿Qué efectos conllevaría eliminar esta ley sobre el alcance del ICE?
Representantes de Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) señaló a CNN que las medidas que pretende implementar Trump derivarán en "un gran problema" de política pública para las comunidades inmigrantes. Así, resaltaron que los extranjeros sin estatus legal evitarán acudir al médico y otros lugares por temor a ser detenidos por el ICE.
"Creemos que es una mala política pública decir a los inmigrantes: 'Dondequiera que vayas, vamos a estar allí, ya sea en el juzgado o en el colegio de tu hijo'", expresaron. En tanto, reiteraron que todas las personas, independientemente de su estatus, tienen derecho a acudir a un juez y presentar su caso junto a un abogado.
