El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está buscando los mecanismos idóneos para cumplir con su promesa de realizar deportaciones masivas de inmigrantes. Sin embargo, la administración puede encontrar resistencia en algunos estados como California o Illinois.
Cuando asumió el poder el 20 de enero, una de las primeras decisiones que el republicano tomó fue declarar una "emergencia nacional" en la frontera con México, con el objetivo de abrir camino a las expulsiones. A su vez, dio de baja algunos programas que permitían a los inmigrantes ingresar al país y permanecer de forma legal por al menos un tiempo.
El obstáculo del presidente para expulsar inmigrantes
Los departamentos de policía local en todo el país están respondiendo al pedido del presidente Trump de convertirse en un apoyo para el Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las redadas de inmigrantes.
¿Qué son las “Ciudades Santuario”? Puntos para entender los sitios que protegen a los migrantes
Axios explicó que algunos cuarteles han dicho que no tienen intención de ayudar con la aplicación de las leyes de inmigración en casos en los que no se haya denunciado ningún delito. Entre ellos está el Departamento de Policía de Chicago, en Illinois, o el Departamento de Policía de Stockton, en California, en una ciudad cercana al Área de la Bahía de San Francisco.
Te puede interesar: En Chicago, alertan a los trabajadores inmigrantes sobre tener este papel por si los visita el ICE
Lo que pueden hacer las autoridades locales ante las deportaciones
La policía local no tiene autoridad para hacer cumplir las leyes federales de inmigración a menos que tenga acuerdos específicos con ICE, algo a lo que muchos departamentos se han negado en los últimos años. La mayoría de las agentes se encargan de mantener el orden y la seguridad dentro de una ciudad, municipio o condado específico.
Te puede interesar: Si no naciste en Estados Unidos, pero cumples con este requisito, puedes obtener automáticamente la naturalización
Los oficiales deben garantizar que las personas respeten las leyes, pero también proteger los derechos civiles de los ciudadanos, como la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y la protección contra arrestos arbitrarios.
