Un impactante caso de robo de identidad se destapó en Alabama recientemente, luego de que Angélica María Francisco, una inmigrante indocumentada de 42 años proveniente de Guatemala, se declarara culpable de haber robado los datos de una ciudadana estadounidense. Según confesó, esto lo hizo para poder participar de las elecciones en el país.
Francisco enfrenta nueve cargos federales, entre ellos declaraciones falsas de ciudadanía, uso fraudulento de un pasaporte y robo de identidad agravado. Según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), la acusada comenzó a utilizar la identidad falsa en el 2011 para obtener un pasaporte estadounidense, que usó en varios viajes a su país de origen.
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La acusada se registró para votar en Alabama en el 2016 y participó en las elecciones primarias y generales de ese mismo año. Un accionar que lograría repetir sin problemas nuevamente en el 2020.
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Las graves consecuencias legales que afrontaría esta inmigrante
Francisco, quien utilizó una identidad robada para votar en EU, enfrentará a la Justicia con serias sanciones posibles. La investigación fue llevada a cabo por el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, con la asistencia de varias agencias locales y estatales, junto a la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama.
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Las consecuencias a las que podría enfrentarse la guatemalteca son varias y muy graves. Entre las principales se encuentran:
- Deportación
- Prisión federal
- Inhabilitación permanente para volver a EU
- Multas elevadas
El debate sobre la integridad electoral en Estados Unidos
Este caso reavivó el debate en torno a las medidas necesarias para proteger las elecciones en Estados Unidos. La preocupación surge ante la falta de menos de dos meses para que los ciudadanos voten entre Kamala Harris y Donald Trump como el próximo presidente.
Wes Allen, secretario de Estado de Alabama, remarcó la importancia de garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses puedan votar en las próximas elecciones. Además, aseguró que este caso refuerza su compromiso de proteger la integridad electoral y prevenir futuros incidentes de fraude.
