Un juez deberá decidir de nueva cuenta si deja en libertad o mantiene en la cárcel al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca a quien se le investiga por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.
Según registros judiciales, este jueves Abarca Velázquez ganó un amparo en contra de la prisión preventiva oficiosa dictada en su contra por estar implicado en ilícitos considerados como “graves” por lo cual la medida cautelar que se le impuso deberá ser revisada por segunda ocasión.
La encargada del despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Mercedes Neira determinó que el análisis del caso se debe realizar tomando en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se pide anular prisión preventiva oficiosa.
Ante esto, el titular del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federal en el Estado de México deberá dejar sin efecto la resolución que emitió el 12 de mayo de 2023 en la que se dictó prisión preventiva oficiosa al expresidente municipal de Iguala, Guerrero.
Según el amparo, la prisión preventiva contra Abarca se ha excedido injustificadamente
Según a demanda de amparo promovida por la defensa de Abarca, se busca “poner en evidencia” que la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta se ha excedido injustificadamente más allá de los dos años que como límite establece el artículo 20 de la Constitución.
Por ello el juzgador eberá tomar como base los criterios emitidos en la sentencia de la Corte IDH, el 7 de noviembre de 2022, en el caso Tzompaxtle Tecpil y Otros vs. México, donde se estableció que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el principio de presunción de inocencia, se debe verificar una serie de condiciones.
Fue en mayo pasado cuando un tribunal federal absolvió a Abarca por el secuestro y desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, sentencia que es definitiva y ya no puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR).
