“No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal"; así lo afirmó al cumplir 60 días en la presidencia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Capturar líderes criminales dejó de ser prioridad; la estrategia ya no se basaría en operativos para detenerlos.
Guardia Nacional y eliminación de la Policía Federal: nuevo modelo de seguridad
A partir de ahí comenzaron cambios en la política de seguridad, las trabas legales para combatir a la delincuencia.
La Guardia Nacional asumió un papel principalmente reactiva, pero no preventiva; interviene cuando los hechos ya ocurrieron, cuando la violencia ya está presente. Su enfoque se centró en el patrullaje y el control territorial, no en la investigación ni en desmantelar estructuras criminales.
Al mismo tiempo, se eliminó la Policía Federal. Sus elementos especializados en investigación fueron absorbidos por un esquema con formación militar; este proceso generó una curva de aprendizaje que, fue aprovechada por el crimen para expandirse.
Cambio de estrategia: prioridad dejó de ser detener capos
La Cuarta Transformación entregó la seguridad pública; quedó bajo una estructura diseñada para la confrontación directa, no para la prevención del delito o la investigación criminal.
Después vino la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que impuso restricciones a agentes extranjeros y los obligó a compartir su información con el gobierno mexicano. Esto redujo la vigilancia internacional sobre los cárteles.
También López Obrador canceló la Iniciativa Mérida, que aportaba financiamiento, equipo y capacitación desde Estados Unidos para el combate al crimen organizado.
A esto se sumó la Ley de Amnistía y sus reformas, que permitieron al Ejecutivo otorgar beneficios a personas involucradas en delitos a cambio de información relevante, sin pasar por procesos judiciales tradicionales.
Bajo esta visión, se sostuvo que incluso los integrantes de grupos criminales son seres humanos, en el marco de una política distinta de seguridad.
Al cierre de la administración, se registraron 188 mil 987 homicidios dolosos, una cifra superior a la de sexenios anteriores con los que se establecieron comparaciones, como el de Felipe Calderón.
