Una serie de acusaciones atribuidas a autoridades de Estados Unidos volvió a encender la polémica sobre la presunta infiltración del crimen organizado en procesos electorales mexicanos. De acuerdo con estos señalamientos, parte clave de una denuncia en curso apunta a posibles vínculos entre actores políticos y grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, lo que habría impactado directamente en elecciones recientes, particularmente las de 2021.
Aunque no se trata de conclusiones judiciales definitivas, la narrativa expuesta sugiere un patrón preocupante: presuntas alianzas que habrían favorecido a ciertos candidatos mediante intimidación, amenazas o incluso la eliminación de contendientes.
Elecciones marcadas por la violencia y el miedo
El proceso electoral de 2021 es señalado como uno de los más violentos en la historia reciente del país. Datos referidos en la denuncia indican que al menos 102 políticos fueron asesinados durante ese periodo, muchos de ellos aspirantes o candidatos en funciones. A la par, cerca de 10 mil participantes habrían abandonado sus aspiraciones ante presiones directas del crimen organizado.
Este escenario, de confirmarse, reflejaría una crisis profunda en la democracia local, donde competir por un cargo público implicó riesgos reales para la vida. En varias regiones, la retirada masiva de candidatos habría dejado el terreno libre para determinados grupos políticos.
Acusaciones específicas y nombres en la mira
Dentro de la argumentación, se menciona al senador Enrique Inzunza como presunto operador clave en Sinaloa, a quien se le atribuye haber facilitado información de candidatos a grupos criminales para intimidarlos o sacarlos de la contienda. Estas acusaciones, sin embargo, no han sido probadas en tribunales y forman parte de una investigación más amplia.
Desde la oposición, voces políticas han insistido en que este tipo de prácticas configuran un “modus operandi” que se habría replicado en procesos posteriores, incluyendo el de 2023-2024.
2024: un patrón que se repite
Especialistas en seguridad y procesos electorales identificaron 749 casos de violencia política durante el más reciente ciclo electoral. De estos, 231 fueron asesinatos con posibles motivaciones políticas, y al menos 34 de las víctimas eran candidatos o aspirantes.
Estados como Puebla, Chiapas y Guerrero concentraron gran parte de estos incidentes, lo que refuerza la hipótesis de una intervención sistemática del crimen organizado en zonas estratégicas.
¿Qué son las “casillas zapato”?
Otro fenómeno que ha generado sospechas son las llamadas “casillas zapato”, donde el 100% de los votos favorecen a un solo partido. Casos documentados en entidades como Durango, Guerrero, Hidalgo, Tamaulipas y Chiapas han sido señalados como posibles indicadores de coacción del voto o manipulación electoral.
A esto se suma la hipótesis de que grupos criminales buscan influir en la designación de autoridades de seguridad locales, con el objetivo de garantizar protección o impunidad.
