El feminicidio de dos maestras a manos de un alumno en Lázaro Cárdenas provocó una profunda conmoción social y reabrió un debate espinoso en México. Múltiples voces exigen reducir la edad penal para que los menores puedan ser juzgados como adultos tras cometer delitos de extrema gravedad.
Sin embargo, los expertos advierten que esta medida punitiva contraviene tratados internacionales fundamentales suscritos por el país. El abogado penalista Rafael Castro explica la barrera legal de esta propuesta.
“México firmó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, así como las reglas de Beijing y las Directrices de Riad. A nivel internacional, nosotros no podríamos bajar la ley penal para los adolescentes a menos de 18 años, toda vez que estos compromisos nos lo prohíben”, detalla el litigante.
¿Bajar la edad penal es la solución?
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2026
El asesinato de dos maestras a manos de un alumno en Lázaro Cárdenas ha desatado una propuesta polémica: que los adolescentes que cometan delitos graves reciban penas de adultos.
Expertos advierten que México no puede hacerlo por tratados… pic.twitter.com/R1avcKTGGe
¿Qué dice la Ley sobre la cárcel a menores en México?
El artículo quinto de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece tres grupos de edad muy claros. El primero abarca de 12 a menos de 14 años; el segundo, de 14 a menos de 16 años; y el tercero, de 16 a menos de 18 años.
“Solamente en los grupos dos y tres puede haber medidas de internamiento. Estas penas no pueden rebasar los tres años para el grupo dos, ni los cinco años para el grupo tres, aplicables solo en delitos graves”, puntualiza Castro.
¿Sería correcto juzgar a los menores como adultos ante delitos graves?
Para los especialistas en criminología, castigar a los niños y adolescentes como adultos no ataca el problema de raíz y solo desvía la atención de las causas sociales. La socióloga criminal María del Carmen Cendón señala la permisividad actual como un factor de riesgo clave.
“Hoy en día ni las instituciones académicas ni cualquier ciudadano pueden llamarle la atención a un menor. Este es otro de los problemas que enfrentamos; primero el cultural, segundo el familiar, tercero el hormonal y cuarto las condiciones de permisibilidad”, reflexiona la especialista.
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La violencia que lacera a las juventudes mexicanas es el resultado de contextos sociales complejos, un terreno donde el Estado mexicano acumula enormes deudas. Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, destaca la prevención como la única salida efectiva.
“Si nosotros evitamos que el crimen reclute a un adolescente o a un joven, como efecto dominó vamos a impedir su participación en extorsiones, homicidios, desapariciones o cualquier otra afectación a la comunidad”, sentencia el coordinador.
Al final, la exigencia de penas más severas choca con una realidad institucional deficiente. “El Estado mexicano luce rebasado y, lamentablemente, cada vez hay un mayor número de menores o adolescentes en conflicto con la ley penal”, concluye el abogado Castro.
