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Frenan Cablebús en Puebla: Tribunal otorga suspensión por riesgo ambiental

Un Tribunal Colegiado otorgó la suspensión provisional contra el Cablebús de Alejandro Armenta en Puebla. Ambientalistas denuncian falta de estudios y sobrecostos millonarios.

En un revés judicial para el gobierno morenista de Alejandro Armenta, un Tribunal Colegiado ha otorgado una suspensión provisional que detiene las obras del proyecto del Cablebús en Puebla. La resolución judicial es contundente: a partir de ahora, no se puede tocar ni un solo árbol de la ciudad en relación con esta obra de transporte.

“Logramos obtener un resultado favorable en el recurso de queja y, a partir de hoy, no puede ser tocado ningún árbol de la ciudad de Puebla con relación al proyecto del Cablebús, celebraron los colectivos ambientalistas tras conocer el fallo.

El Parque Juárez: El pulmón en disputa

El conflicto central de esta obra radica en la ubicación de las estaciones. El gobierno estatal planeaba instalar una terminal en el Parque Juárez, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la capital poblana. La estrategia oficial contemplaba retirar decenas de ejemplares bajo la promesa de “reubicarlos”, una medida que los expertos señalaron como un peligro irreversible para el ecosistema local.

El tribunal determinó que, ante la falta de publicación de los estudios de impacto ambiental, el riesgo para el entorno es inminente. Esta opacidad ha sido señalada por activistas como una prueba de la presunta mala planeación que rodea a la obra insignia de la actual administración.

Casi 7 mil millones: Las alarmas por los sobrecostos

Más allá del daño ecológico, la viabilidad financiera del proyecto es de llamar la atención. Los cálculos actuales arrojan cifras que han encendido las alarmas sobre el manejo de los recursos públicos en el estado.

Se estima que cada kilómetro de este Cablebús tendría un costo de 496 millones de pesos, lo que elevaría la inversión total a casi siete mil millones de pesos. Estos montos, considerados excesivos por especialistas en movilidad, se suman a la indignación ciudadana por la falta de transparencia en los detalles técnicos y financieros del contrato.

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