California y otros estados azules se están poniendo del lado del gobierno mexicano en su demanda contra fabricantes de armas estadounidenses como Smith & Wesson, en la que México argumenta que las empresas son responsables de la violencia armada al sur de la frontera.
La demanda de México afirma que los fabricantes de armas son responsables de la violencia con armas de fuego, y una presentación de California y otros estados dice que están de acuerdo en que las empresas son “plenamente conscientes de que sus armas de fuego estaban siendo traficadas al país y que las empresas, no un tercero, a sabiendas violado las leyes aplicables a la venta o comercialización de armas de fuego”.
La demanda de México fue desestimada por un juez federal en Massachusetts el año pasado, pero México apeló su caso ante el Primer Circuito.
El fiscal general demócrata de California, Bonta, y otros 17 estados liderados por demócratas presentaron un escrito de apelación y argumentan que el tribunal debería anular el tribunal de distrito. Los estados también dicen que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) no protege a las empresas como Smith & Wesson, Ruger, Glock y otras de la responsabilidad si su producto se vende a traficantes que trafican ilegalmente armas de fuego hacia México.
Según California, comprar legalmente un arma de fuego en México es casi imposible, ya que el país tiene una tienda de armas y emite menos de 50 permisos de armas por año. California señaló que, según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, se estima que 200,000 armas de fuego se trafican a México desde los Estados Unidos cada año.
California apoya a México en lucha contra las armas
De acuerdo con el fiscal general de California, Bonta, los fabricantes y vendedores de armas parecen creer que PLCAA les da un pase libre para fabricar y distribuir armas que saben que están siendo traficadas y utilizadas para aterrorizar a las comunidades en México.
Bonta/Fiscal general de California:
“En la mayoría de las industrias, las empresas son muy conscientes de que pueden ser responsables cuando violan la ley; las armas de fuego no deberían ser diferentes. Instamos a la corte a que revoque la decisión de la corte de distrito y permita que este caso avance”.
La PLCAA, promulgada en 2005 con apoyo bipartidista, prohíbe que se inicien o continúen acciones de responsabilidad civil contra fabricantes, distribuidores, comerciantes o importadores de armas de fuego o municiones por daños, medidas cautelares u otras medidas que resulten del mal uso de sus productos por parte de otros.
De acuerdo con el documento de los Estados demócratas, si bien la PLCAA proporciona una defensa a los miembros de la industria de las armas contra ciertas formas de responsabilidad civil, no extingue todas las formas de responsabilidad de los fabricantes y vendedores de armas.
Otros estados incluidos en el informe son Massachusetts, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island y Vermont.
