La lucha de la familia de la fotoperiodista Citlali Berenice Giles Rivera comienza a dar resultados, aunque —como ellos mismos lo dicen— llega tarde. A más de nueve meses del colapso de una estructura decorativa durante el festival Axe Ceremonia 2025, imputan a las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobo fueron finalmente reconocidas como imputadas dentro de la investigación por la muerte de Berenice y de su colega Miguel Hernández .
El anuncio fue hecho por la familia a través de un comunicado en video, donde el padre de la joven, Luis Raúl Giles, confirmó que la determinación fue tomada desde el 14 de enero por la ministerio público Mercedes Karina Granados Peralta, tras una larga investigación marcada —según acusan— por omisiones, retrasos y encubrimiento.
Nueve meses de presión para lograr un avance clave en el caso del Axe Ceremonia
El accidente ocurrió el 5 de abril de 2025, cuando una estructura colapsó dentro del festival realizado en la Ciudad de México. El saldo fue devastador: dos fotógrafos muertos mientras realizaban su trabajo. Desde entonces, la familia de Berenice denunció que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX evitó señalar directamente a las empresas responsables del evento y de la seguridad.
Para Luis Raúl Giles, el reconocimiento de las empresas como imputadas es un paso importante, pero insuficiente frente al tiempo perdido. “Es un avance, pero llega demasiado tarde”, expresó, al recordar que durante meses enfrentaron lo que llamó un “infierno ministerial” y una clara violencia institucional.
Jueces exhibieron irregularidades de la fiscalía durante el caso de Berenice Giles y Miguel Hernández
De acuerdo con el comunicado, el avance no fue resultado de una actuación voluntaria de la fiscalía, sino de tres resoluciones judiciales emitidas entre octubre de 2025 y enero de 2026, donde jueces federales y de control detectaron irregularidades graves en la investigación.
El 15 de octubre de 2025, la jueza federal María del Carmen Sánchez Cisneros advirtió que la fiscalía estaba evadiendo imputar a Ocesa y Seguridad Privada Lobo, por lo que concedió una suspensión definitiva que obligó a revisar la actuación ministerial.
Ese mismo día, la jueza de control Adriana Ivett Morales Chávez ordenó directamente a la ministerio público apartarse de actos de corrupción y otorgar la calidad de imputadas a ambas empresas, instrucción que —según la familia— fue ignorada durante meses.
Más tarde, el 7 de enero de 2026, el juez Edgar Jesús Campos Burgos reiteró que la fiscalía estaba obligada a investigar a todas las personas y empresas denunciadas, y exhortó a la ministerio público a cumplir con las resoluciones previas.
“No nos vamos a callar”: la exigencia de justicia para Berenice Giles y Miguel Hernández sigue
La familia también denunció intentos por deslegitimar su lucha y frenar el proceso legal, señalando que existen actores que buscan revertir la suspensión definitiva y minimizar las más de 30 pruebas que aseguran haber presentado.
“Agradezco a los medios y a las personas que no han soltado el caso”, expresó el padre de Berenice , quien dejó claro que el reconocimiento de las empresas como imputadas no es el final, sino apenas el inicio de una verdadera rendición de cuentas.
