La captura en Argentina de Fernando Farías Laguna volvió a poner sobre la mesa un tema que el gobierno pasado prometió erradicar, pero que nunca desapareció: el huachicol. Y como suele pasar en México, el golpe operativo abrió de inmediato la batalla política.
“Que se investigue a todos”: el señalamiento de Alito Moreno
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, no dejó espacio para matices. Celebró la detención, sí, pero rápidamente elevó el tono al exigir que las investigaciones no se queden en mandos medios o ejecutores.
Su mensaje fue directo: que se investigue también al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a quienes formaron parte de su administración. No es una acusación nueva en el discurso opositor, pero en este caso llega acompañada de un expediente que involucra a mandos navales y una red de contrabando con tentáculos institucionales.
Moreno habló de “cero impunidad” y rechazó cualquier acuerdo político que frene el caso. El fondo de su postura es claro: si hay una estructura criminal, no pudo operar sola.
Fernando Farias: Un caso que incomoda por sus conexiones
El nombre de Farías Laguna no pesa solo por el delito que se le atribuye, sino por sus vínculos. Hermano de otro mando naval ya detenido y familiar de Rafael Ojeda Durán, su perfil complica la narrativa oficial de combate frontal a la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con las investigaciones, la red operaba mediante la importación irregular de hidrocarburos, declarados falsamente para evadir impuestos como el IEPS. No es un esquema nuevo, pero sí uno que requiere logística, protección y omisiones clave.
El punto de quiebre fue el aseguramiento del buque “Challenge Procyon” en Tamaulipas en 2025, un episodio que dejó al descubierto una cadena de complicidades que va más allá de operadores aislados.
Entre justicia y discurso político
El caso Farías Laguna obliga a responder una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la responsabilidad en una red de este tamaño?
La detención en Argentina es apenas el inicio. Lo que sigue definirá si el caso se convierte en un ejemplo real de combate a la corrupción o en otro expediente que se diluye entre acusaciones cruzadas.
