La ambiciosa meta de renovar el Poder Judicial mediante el voto popular enfrenta otro gran obstáculo técnico. La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López, advirtió que la elección judicial programada para 2027 presenta complicaciones críticas, por lo que planteó formalmente la posibilidad de posponer el proceso hasta 2028.
A pesar de la narrativa oficial que sugiere ahorros al realizar comicios concurrentes, la consejera desmitificó esta idea. Según sus proyecciones, el costo de la elección judicial se estima en 15 mil millones de pesos, y lejos de economizar, la logística se duplicaría, generando una presión financiera y operativa sin precedentes para los institutos electorales.
Rita Bell afirma que empatar elecciones no ahorra recursos
Durante su exposición, Rita Bell López explicó que la experiencia desde 2014 ha demostrado que la concurrencia de elecciones no ha generado los ahorros esperados. Al contrario, la complejidad de organizar dos procesos distintos al mismo tiempo dispara el uso de recursos humanos y materiales.
"Incorporar las elecciones locales y lo que hemos visto es que esto no ha funcionado como se esperaba. El trabajo que se hace genera muchos recursos, materiales y logísticos... por supuesto que se duplica cuando hay concurrencia de elecciones", detalló la consejera, señalando que la estructura actual se vería rebasada.
En ese sentido, la consejera señaló que el Consejo General del INE ha planteado realizar las elecciones en momentos distintos.
El Senado reconoce fallas: De "acordeones" a certificaciones
Mientras el INE analiza la viabilidad financiera, en el Senado de la República la discusión se centra en la calidad de los perfiles. Legisladores de Morena admitieron que son necesarios ajustes urgentes para garantizar que quienes lleguen a la boleta estén realmente preparados. Entre las propuestas destaca la certificación obligatoria de competencias.
Por su parte, el senador Javier Corral alertó sobre las áreas de oportunidad y las malas prácticas detectadas en las etapas previas, mencionando incluso el uso de "acordeones" por parte de los aspirantes durante las evaluaciones. Esta falta de rigor ha encendido las alarmas sobre la legitimidad del proceso que busca transformar la justicia en México.
