La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, abrió la conversación al cuestionar un trato desigual en la protección de funcionarios, en medio de la polémica por la licencia de Rubén Rocha Moya y las acusaciones en su contra desde Estados Unidos
Quiroz cuestiona respaldo a Rocha Moya
A través de redes sociales, la edil criticó la “protección” que, a su juicio, se activó en favor de Rocha Moya tras separarse del cargo como gobernador de Sinaloa. El reclamo se da en un contexto delicado: el mandatario con licencia enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, el eje de la crítica no es únicamente Rocha Moya, sino el contraste. Quiroz puso sobre la mesa que ese nivel de respaldo no fue el mismo para su exesposo, Carlos Manzo, quien solicitó apoyo federal en múltiples ocasiones sin obtener respuesta efectiva.
El caso Carlos Manzo: Asesinado tras pedir seguridad
Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, fue asesinado el 1 de noviembre durante un evento por el Día de Muertos. Aunque autoridades federales sostuvieron que existían mecanismos de seguridad, los hechos evidenciaron fallas operativas y ausencia de labores de inteligencia suficientes para prevenir el ataque.
El caso sigue generando cuestionamientos, especialmente porque Manzo había impulsado acciones directas contra grupos criminales en la región. Para Quiroz, el desenlace refleja una omisión institucional que hoy contrasta con la reacción observada en otros casos.
"Hoy estarías aquí junto a tu familia, despertando al lado de nuestros hijos, pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político; te ignoraron y te dejaron solo."
Escolta para Rocha Moya, pese a no solicitarla
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que Rocha Moya no pidió protección. Aun así, explicó que el Gabinete de Seguridad recomendó asignarle un equipo de resguardo con elementos de la Guardia Nacional.
El propio funcionario reconoció que no existe una amenaza directa contra el gobernador con licencia. La decisión, dijo, responde al contexto de violencia en Sinaloa, donde persisten disputas entre grupos delictivos.
