La política migratoria de Donald Trump ha sufrido un revés, luego de que una corte federal de apelaciones dictaminó esta semana que la orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos para poner fin a la ciudadanía por nacimiento es inconstitucional, reafirmando la decisión previa de un tribunal inferior que ya había bloqueado la medida a nivel nacional.
El fallo fue emitido por el Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco, y marca la primera vez que una corte de apelaciones se pronuncia de forma definitiva sobre la ilegalidad del decreto. El resultado de la votación fue 2-1, con opiniones mayoritarias escritas por los jueces Ronald Gould y Michael Hawkins, ambos nombrados por el expresidente Bill Clinton.
¿Qué decía el decreto sobre la ciudadanía por nacimiento y por qué fue bloqueado?
La orden de Trump pretendía negar automáticamente el derecho de ciudadanía a quienes nacieran en el país si sus padres no tenían estatus legal migratorio. Sin embargo, el tribunal señaló que esto viola la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, respaldada desde 1898.
Estas restricciones se consideraron necesarias para garantizar una protección efectiva a nivel nacional.
La Casa Blanca podría recurrir a la Corte Suprema
A pesar de la derrota judicial, la administración Trump aún puede solicitar una revisión por parte del pleno del Noveno Circuito o elevar el caso directamente a la Corte Suprema. El asunto ha generado divisiones incluso dentro del poder judicial. El juez Patrick Bumatay, nombrado por Trump, disintió parcialmente al considerar que los estados demandantes no tenían legitimación jurídica suficiente para impugnar el decreto.
Este fallo se produce mientras la Corte Suprema ha pedido recientemente a los tribunales inferiores revisar los alcances de las medidas cautelares emitidas contra políticas federales, en especial aquellas que afectan a nivel nacional.
¿Qué sigue para la política de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos?
El tema vuelve a colocar la ciudadanía por nacimiento en el centro del debate migratorio. Para sectores republicanos alineados con Trump, se trata de una interpretación legal que debe modernizarse. Para organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), representa un intento directo de erosionar derechos constitucionales básicos.
Aunque el decreto presidencial de Trump sigue bloqueado, el caso podría escalar al máximo tribunal del país y definir una vez más los límites del poder ejecutivo frente a los derechos establecidos por la Constitución.
