¿Última oportunidad para Bolivia? Elecciones judiciales están en medio del caos

Bolivia se encuentra en un momento crítico de su historia. A las puertas de unas elecciones judiciales cruciales, el país enfrenta una profunda crisis multidimensional que abarca lo económico, lo social y lo político.

La incertidumbre se cierne sobre el futuro de la nación, mientras los bolivianos se preparan para elegir a las autoridades que tendrán la responsabilidad de administrar justicia y guiar al país hacia la estabilidad.

La reforma al sistema judicial boliviano (2009) similar a la que fue aprobada en Mexico (2024), fue implementada con la promesa de una justicia independiente y transparente, hoy se encuentra en una encrucijada.

La percepción ciudadana es de desconfianza y escepticismo, alimentada por la corrupción, la ineficiencia y la politización. Las dos elecciones judiciales anteriores no han logrado revertir esta situación, y la participación ciudadana ha ido en descenso.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con el docente Pablo Aguilar, internacionalista y economista boliviano, esto nos dijo:

“En los comicios electorales de 2011 el porcentaje de votos válidos fue del 42%, el 2017 el porcentaje de votos válidos disminuyó al 34%, lo que demuestra que no hubo la reestructuración de la justicia que se buscaba. Estimo que en estas jornadas electorales del domingo que viene, gozarán de menor aceptación que las anteriores, ya que a vox populi sabemos que la justicia se encuentra en su peor crisis, siendo percibida como ineficaz, corrupta y politizada, incluso por los demás Órganos del Estado”.

Las elecciones judiciales de este 15 de diciembre se llevan a cabo en un contexto marcado por los retrasos, las irregularidades y la incertidumbre.

El proceso electoral, que debería haber sido en 2023, fue postergado debido a problemas en la preselección de candidatos y dificultades operativas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La Sentencia Constitucional 0770/2024, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), declaró desiertas las convocatorias en cinco estados (Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija), debido a irregularidades en el proceso de preselección y postulaciones.

Esto significa que las elecciones de este domingo 15 de diciembre serán parciales, y que se deberán realizar nuevas elecciones en los estados afectados, generando un costo adicional para el país.

La crisis económica que atraviesa Bolivia agrava la situación. La caída en los precios del gas natural, el agotamiento de las reservas internacionales, el aumento de la deuda externa y la escasez de combustible generan un clima de incertidumbre y descontento social.

Los ingresos por exportaciones de gas se han desplomado en los últimos años, pasando de 6,624 millones de dólares en 2014 a 2,200 millones en 2023. “La situación económica en Bolivia presenta una crisis multidimensional”, dijo Aguilar.

Las reservas internacionales netas (RIN) también han disminuido drásticamente, de más de 15,000 millones de dólares en 2014 a 1,905 millones en la actualidad.

La deuda externa ha alcanzado el 48% del PIB. El riesgo para el país se ha disparado, alcanzando los 1.942 puntos básicos (bajo parámetros de JP. Morgan), el segundo más alto de América Latina .

La escasez de gasolina se ha convertido en un problema cotidiano, con largas filas en las gasolineras y limitaciones en el suministro. Esto se debe a la limitada capacidad de refinación interna, deudas con proveedores internacionales y el contrabando hacia países vecinos.

“La situación económica de Bolivia refleja una combinación de factores estructurales y coyunturales que han exacerbado la crisis. El aumento del riesgo país evidencia una creciente percepción de incumplimiento de la deuda soberana, impulsada por la caída de ingresos por exportaciones, bajos niveles de inversión extranjera directa, y la incertidumbre política. Esto se agrava con la fuga de divisas, resultado de la desconfianza en la economía nacional. La política de tipo de cambio fijo ha contribuido a la expansión del mercado negro del dólar, incrementando las tensiones económicas”, aseveró Pablo Aguilar en entrevista con FIA.

La pregunta clave es si las elecciones judiciales podrán realmente generar un cambio en el sistema de justicia boliviano. La experiencia de las dos elecciones anteriores sugiere que el camino hacia una justicia independiente y transparente es largo y complejo.

La politización de la justicia, la corrupción y la falta de recursos son obstáculos que deben ser superados para que el sistema judicial pueda cumplir con su función de garantizar el Estado de derecho y proteger los derechos de los ciudadanos.

La Reforma Judicial que introduce la elección popular de jueces en México genera un intenso debate. Sus defensores argumentan que democratiza el sistema y combate la corrupción, mientras que los críticos advierten sobre la politización de la justicia y la erosión de la independencia judicial.

La experiencia de Bolivia, con un modelo similar, muestra un aumento de la influencia política y el escepticismo público. Como mencionó Pablo Aguilar, ha estada marcada por corrupción, inficiencia y desconfianza, que ha llevado a la parálisis del país y a un creciente descontento de la población.

No existe ningún otro país en el mundo que elija a sus autoridades judiciales federales al estilo de Bolivia... excepto ahora: México.

La reforma que se aprobó hace unas semanas también reduce el número de ministros en la Suprema Corte y crea un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, lo que aumenta las preocupaciones sobre un posible control político del Poder Judicial.

El futuro de la justicia en México se encuentra en la balanza de la incertidumbre. ¿Podemos confiar en que la situación boliviana no se replique en México?