Cuando la justicia pierde la independencia... al diablo la elección judicial

Una vez consumada la elección judicial, México habrá cambiado completamente, y para mal. Con esa farsa, se dará el fin de la separación de poderes, dando paso a una dictadura.

Por: Juan Pablo Delgado

Estamos a pocos días de un evento que marcará un antes y un después en la vida política de México: la elección judicial que tendrá lugar próximamente.

Este proceso ha generado una profunda controversia y un clima de indignación nacional, debido a lo que muchos califican como una farsa que amenaza con destruir la separación de poderes y, por ende, la esencia misma de la República Mexicana.

Controversias y críticas

La principal preocupación radica en que este proceso representaría un fin tácito de la separación de poderes, un pilar fundamental en cualquier sistema democrático y republicano.

La separación de poderes garantiza que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial actúen con independencia y equilibrios para evitar abusos. Sin embargo, con esta elección judicial, se teme que el Poder Judicial pase a estar bajo un control directo del Ejecutivo, una situación que recuerda las épocas de dictadura priista en México.

Además, este cambio constitucional y electoral fue impulsado por una mayoría en el Congreso que, según denuncias, se obtuvo mediante prácticas cuestionables. El proceso y la reforma no fueron solicitados ni apoyados por la mayoría de la ciudadanía, y se perciben como una imposición para consolidar un poder autoritario.

Impacto en el sistema judicial

Otro punto crítico es la calidad y legitimidad de los futuros ministros, jueces y magistrados que serán elegidos. La falta de transparencia y claridad en el proceso genera incertidumbre sobre la preparación y la integridad de quienes asumirán estos cargos.

Esto podría derivar en una mayor corrupción y un debilitamiento de la certeza jurídica en México, afectando la confianza pública y el estado de derecho.

Costos y rechazo social

La indignación también se extiende al gasto millonario de recursos públicos para organizar esta elección, dinero proveniente de los impuestos que pagan los ciudadanos.

Muchos cuestionan la pertinencia y justificación de tal inversión en un proceso calificado como opaco y carente de legitimidad.

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