Todos los gobiernos arrancan con la misma promesa: gobernar para todos. El discurso suena bien, se repite en plazas, conferencias y campañas. Pero en el camino, esa narrativa suele desgastarse. Lo que comienza como apertura, pronto se transforma en cerrazón. Las críticas incomodan, las voces disidentes se vuelven “enemigas” y, poco a poco, emerge un perfil autoritario que utiliza el poder para acallar a quien piense distinto.
Diversas voces han encendido las alertas sobre este fenómeno. No se trata solo de confrontación política, sino del uso de instrumentos del Estado para perseguir, desgastar o intimidar a críticos. El señalamiento es claro: cuando las herramientas legales se utilizan incluso sabiendo que no hay razón jurídica sólida, el terreno deja de ser institucional y se convierte en acoso.
Ganador Azteca: el caso que huele más a represalia que a justicia
Un ejemplo que ha generado controversia es el bloqueo contra la empresa Ganador Azteca, operadora en México de plataformas de apuestas en línea como Bet365 y Betano. En noviembre de 2025, la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación ordenó su suspensión a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Lo más llamativo del caso es que la propia autoridad reconoció que la empresa fue seleccionada de manera aleatoria, basada únicamente en indicios no sustentados de una posible actividad ilícita. A esto se suma un elemento que no pasa desapercibido: la relación de la compañía con Grupo Salinas y TV Azteca, actores que han mantenido una postura crítica frente al actual gobierno.
Cuentas congeladas y silencio oficial: Así viven hoy miles de afectados
La ofensiva no se quedó en el ámbito empresarial. Miles de usuarios resultaron afectados directamente. Personas que confiaban en plataformas autorizadas, con operaciones reguladas tanto en México como en países como Reino Unido, vieron sus cuentas congeladas de un día para otro.
El impacto va más allá de lo financiero. Se trata de ciudadanos que actuaban dentro de la legalidad, utilizando servicios avalados por el propio Estado. Sin previo aviso, su dinero quedó retenido, atrapado en una disputa que no provocaron.
Especialistas advierten que este tipo de acciones rompe con la certeza jurídica. Si una autoridad otorga permisos y después, por razones que parecen políticas, decide cancelar, bloquear o sancionar, el daño no solo es para las empresas, sino para toda la cadena de usuarios que confiaron en esas reglas.
Cinco meses congelados: el tiempo también juega en contra
Aunque Ganador Azteca obtuvo una sentencia judicial para ser desbloqueada, la Secretaría de Gobernación apeló la decisión. El caso ahora está en manos de un tribunal colegiado, lo que alarga la incertidumbre.
Mientras tanto, las cuentas de los usuarios siguen congeladas desde hace más de cinco meses. Para muchos, no es solo un trámite legal: es dinero detenido, recursos inmovilizados que forman parte de su vida cotidiana.
La discusión de fondo va más allá de una empresa o un sector. Se trata del uso del poder, de los límites del Estado y de la línea que separa la legalidad de la arbitrariedad. Porque cuando el gobierno decide quién sí y quién no, el riesgo no es solo para los opositores… sino para cualquiera.
