La relación entre México y Estados Unidos vuelve a tensarse tras una acusación que cimbró el tablero político: el Departamento de Justicia estadounidense señaló formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas. La noticia, de alto impacto, no sólo apunta a responsabilidades individuales, sino que abre una ventana incómoda sobre posibles redes de complicidad entre política y crimen organizado.
Los señalamientos: vínculos con “Los Chapitos” y apoyo electoral
De acuerdo con la acusación, Rocha Moya habría mantenido una alianza con la facción conocida como “Los Chapitos”, parte del Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses sostienen que este grupo criminal habría intervenido en el proceso electoral, intimidando y secuestrando a rivales para favorecer su llegada al poder.
A cambio, señala el expediente, el gobernador habría facilitado condiciones para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, además de brindar protección institucional. Entre las acusaciones más graves destaca el presunto blindaje a operaciones delictivas, filtración de información sobre operativos federales y continuidad en reuniones con integrantes del crimen organizado.
Cargos en Nueva York y posibles penas
El caso se encuentra en el Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de drogas, posesión de armas de fuego y explosivos, entre otros delitos. El fiscal a cargo, Jay Clayton, buscaría penas que van desde los 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
Detrás de estas acusaciones estarían testimonios clave de figuras del propio Cártel de Sinaloa, como Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, así como declaraciones vinculadas a Ismael Zambada García. Estos procesos de cooperación con autoridades estadounidenses suelen ser determinantes en casos de alto perfil.
Un efecto dominó político
El alcance de la acusación no se limita a Rocha Moya. Analistas advierten que podría tener repercusiones en amplios sectores del oficialismo, incluyendo figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador. La narrativa de un posible “narcogobierno” ha sido reiterada en discursos políticos en Estados Unidos, incluso por el presidente Donald Trump, quien en diversas ocasiones afirmó que los cárteles tienen control en regiones de México.
Reacciones y exigencia de pruebas
Desde México, la respuesta oficial ha sido cautelosa. Autoridades han señalado que las acusaciones deben ir acompañadas de pruebas contundentes antes de emitir juicios. Este posicionamiento ha sido interpretado por críticos como una forma de contención política ante un caso que podría escalar.
