Un juez federal de distrito en Manhattan, Nueva York, prorrogó este miércoles la orden que impide a las autoridades federales deportar al activista Mahmoud Khalil, un estudiante palestino detenido en la Universidad de Columbia, acusado de apoyar al grupo terrorista Hamás.
Una deportación suspendida que pone a prueba los derechos de los migrantes
El caso ha generado gran controversia y se ha convertido en un punto clave dentro de la política de deportaciones del gobierno de Donald Trump, que ha prometido expulsar a ciertos activistas universitarios propalestinos.
El juez Jesse Furman extendió la prohibición de deportación después de una audiencia en el Tribunal Federal de Manhattan, argumentando la necesidad de más tiempo para evaluar si el arresto de Khalil es inconstitucional. Mientras tanto, el joven seguirá detenido en una cárcel del estado de Luisiana, al menos hasta la próxima semana.
El derecho del estudiante palestino a defenderse ante tribunales de inmigración
Khalil, al igual que cualquier otro migrante en situación de deportación, tiene derecho a presentar su caso ante un tribunal de inmigración. Sin embargo, el proceso podría prolongarse por meses o incluso años, lo que podría poner a prueba la línea que separa las decisiones de inmigración del derecho a la libertad de expresión.
El caso también ha reavivado el debate sobre la criminalización del activismo propalestino en universidades de Estados Unidos, ya que Khalil no enfrenta acusaciones penales ni existen pruebas públicas que lo vinculen con Hamás, organización que Washington clasifica como terrorista.
Donald Trump intensifica la presión contra activistas estudiantiles
Por su parte, el presidente Donald Trump ha utilizado sus redes sociales para afirmar que Khalil apoya a Hamás, aunque su administración no ha presentado cargos ni pruebas concretas.
Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha advertido con anterioridad que la administración podría deportar a titulares de tarjetas verdes que participen en protestas a favor de Palestina, lo que representa una escalada significativa en las políticas de represión contra activistas universitarios.
Reacciones y consecuencias en el panorama político de EU
Las declaraciones de Rubio han generado fuertes críticas de defensores de derechos humanos, quienes denuncian que la Casa Blanca está socavando la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de reunión. Organizaciones civiles y abogados de inmigración argumentan que vincular el activismo político con la deportación puede sentar un peligroso precedente para la comunidad migrante en Estados Unidos.
Mientras el destino de Khalil sigue en manos de los tribunales. Su futuro, al igual que el de muchos otros migrantes palestinos en Estados Unidos, sigue en incertidumbre en un contexto de crecientes tensiones políticas y sociales.