Ante la crisis humanitaria de desapariciones en México, expertos internacionales y familiares de víctimas denuncian que el Gobierno Federal mantiene una deuda histórica al ignorar las recomendaciones de organismos como la ONU.
A pesar de estar jurídicamente obligado por tratados internacionales a investigar, sancionar y prevenir estos crímenes, el Estado mexicano ha desestimado diagnósticos claros que señalan una práctica sistemática desde 2012.
La falta de voluntad política para reconocer la magnitud de la tragedia no solo perpetúa la impunidad y el dolor de las familias buscadoras, sino que condena al país a un agravamiento crítico de la violencia y la injusticia.
