En la Cámara de Diputados ha surgido un esquema de financiamiento que opera fuera de los registros oficiales del Congreso de la Unión. La bancada de Morena entregó a sus 253 legisladores un "apoyo económico" extraordinario mediante monederos electrónicos, un recurso que no forma parte de las asignaciones, dietas o prerrogativas legales estipuladas por la ley orgánica del Poder Legislativo.
Cada uno de los diputados oficialistas recibió una tarjeta con un valor de 10 mil pesos, lo que representa un desembolso total de 2.5 millones de pesos. Esta práctica, lejos de ser un evento aislado, se está convirtiendo en una constante dentro de la actual legislatura, pues se tiene registro de una primera entrega similar realizada en diciembre de 2025.
¿Para qué se usan los monederos electrónicos en San Lázaro?
De acuerdo con la información interna de la fracción parlamentaria, se avaló que estos recursos sean utilizados para cubrir "viáticos no previsibles" y para otorgar "apoyos comunitarios directos" que los diputados realizan durante sus recorridos en los distritos electorales que representan.
Sin embargo, el uso de estos monederos electrónicos genera dudas sobre la transparencia y la fiscalización del gasto público. Al ser dinero entregado por fuera de las asignaciones oficiales de la Cámara de Diputados, no existen mecanismos claros que permitan rastrear el origen lícito de estos fondos ni el destino final de las compras realizadas con dichas tarjetas.
Opacidad y falta de transparencia legislativa
El reparto de estos 2.5 millones de pesos pone en tela de juicio la política de austeridad republicana que abandera el movimiento. Especialistas en transparencia señalan que el uso de monederos electrónicos dificulta la auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya que los conceptos de "apoyos comunitarios" suelen ser categorías ambiguas que permiten el uso discrecional del dinero.
Además, el hecho de que este reparto sea ajeno a las prerrogativas del Congreso de la Unión implica que los fondos provienen de las arcas propias del grupo parlamentario, alimentadas usualmente por las subvenciones que reciben los partidos. La falta de claridad sobre si estos recursos fueron aprobados en un presupuesto de gastos transparente abre la puerta a cuestionamientos sobre posibles desvíos o financiamientos paralelos para actividades territoriales de cara a los procesos electorales.
