Ernestina Godoy lanza plan de justicia 2022-2030; 9 de cada 10 delitos quedan sin castigo

En una comparecencia ante comisiones del Senado, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, expuso su Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2022-2030, un documento que busca redefinir el rumbo de las fiscalías en el país. Desde el arranque, la fiscal lanzó críticas al desempeño de administraciones anteriores, a las que calificó como responsables de rezagos estructurales; sin embargo, minutos después matizó su postura al comprometerse a trabajar sin distinción de colores partidistas.

El plan, según explicó, parte de un diagnóstico que reconoce fallas profundas en la procuración de justicia. Godoy admitió que delitos de alto impacto como el feminicidio, la desaparición forzada y la extorsión requieren una estrategia más eficaz, incluso una reingeniería de fondo en las instituciones encargadas de investigar y sancionar.

Uno de los puntos más delicados abordados durante la comparecencia fue la llamada “cifra negra”, es decir, la enorme cantidad de delitos que no se denuncian. La fiscal reconoció que en algunos casos esta cifra supera el 90 o incluso el 95 por ciento, lo que refleja un problema estructural de desconfianza ciudadana hacia las autoridades.

Este señalamiento fue retomado por legisladores de oposición, quienes cuestionaron la viabilidad del plan si no se atiende de manera directa este fenómeno. También advirtieron que el documento reconoce que 9 de cada 10 delitos no se investigan ni se judicializan, y que de aquellos que sí llegan a esa etapa, apenas un pequeño porcentaje obtiene sentencia, muchas veces mediante procedimientos abreviados.

Además, se puso sobre la mesa la percepción ciudadana: seis de cada diez personas desconfían de la Fiscalía y consideran posible la existencia de actos de corrupción. Para la oposición, estos datos deberían traducirse en estrategias más claras y medibles dentro del plan.

Durante el intercambio, también surgieron reclamos sobre la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a la procuración de justicia, bajo el argumento de que sin recursos suficientes será difícil implementar cambios reales. Asimismo, se cuestionó la falta de un eje específico para atender el rezago acumulado en carpetas de investigación.

Godoy, por su parte, reconoció que persisten prácticas que afectan la percepción ciudadana, como el maltrato a víctimas o los largos tiempos de espera en las fiscalías. Admitió que estos problemas forman parte del “imaginario social” y subrayó la necesidad de ajustar la actuación institucional para recuperar la confianza.

Al cierre de su intervención, la fiscal dejó un mensaje que buscó desmarcar el tema de la confrontación política: aseguró que los resultados del nuevo plan no deben convertirse en trofeos partidistas, sino en beneficios tangibles para la sociedad.