En entrevista exclusiva para Azteca Noticias, Daniela, propietaria de un autolavado en Coacalco, rompió el silencio tras el incidente que involucra a la diputada de Morena, Graciela Argueta Bello. La comerciante denunció que, pese a presentar videos de sujetos identificándose como miembros de la delincuencia organizada, el Ministerio Público, Jorge Valencia Martínez, se negó a iniciar una carpeta de investigación formal, permitiendo la libertad inmediata de los implicados.
"Lo que primero se nos ocurre ante el temor fue pedir el auxilio de una patrulla... enseñé el video donde dicen que vienen 'de la maña' carnal", relató Daniela, quien ante la falta de garantías de seguridad, hoy vive en un estado de alerta constante que la ha llevado a incluso, considerar el cierre definitivo de su patrimonio familiar.
El "modus operandi": De la amenaza al pretexto de la caja
Según el testimonio de Daniela, dos sujetos llegaron cerca de las 8:40 am exigiendo hablar con el dueño. Al preguntarles de parte de quién, la respuesta grabada en video fue contundente: "De la maña, carnal". Los sujetos no solicitaron ningún servicio ni objeto, sino que exigieron hablar con el dueño y prometieron volver dos horas después (10 am). Por el temor, explica Daniela, pidieron el auxilio de una patrulla municipal.
Cuando regresaron no lo hicieron solos, sino escoltados por la diputada de Morena. Los dueños vieron que los tres se metieron a la tienda.
En los videos de seguridad compartidos a Azteca Noticias se escucha a los individuos referirse como parte de una organización criminal. Por su parte, la legisladora Graciela Argueta Bello se presentó en el lugar de los hechos para intervenir en favor de los detenidos, identificándolos como sus empleados.
"Ella refería que uno de ellos era su esposo... empezó a amenazar a los policías con darlos de baja de su cargo", narra Daniela en llamada. El giro más inverosímil ocurrió en el Ministerio Público, donde la narrativa cambió: la diputada alegó que sus empleados solo iban por una caja con pertenencias que ella había olvidado hace dos meses. Sin embargo, los videos muestran que los sujetos nunca mencionaron el objeto perdido al llegar, sino que usaron la intimidación del crimen organizado.
"Pero la indignación es que ellos llegan ostentándose primero como "la maña" y ella en la tienda los empieza a defender", comenta Daniela.
Las impresiones en el Ministerio Público
El ministro Jorge Valencia Martínez reclasificó el incidente como una simple "denuncia de hechos", un estatus jurídico que carece de la fuerza necesaria para mantener bajo custodia a los señalados o para dictar medidas cautelares efectivas. Daniela denuncia que:
- El MP se negó a iniciar una carpeta de investigación formal por extorsión.
- Solo registró una "denuncia de hechos", lo que permitió la libertad inmediata de los detenidos.
- Entregó oficios de restricción "inservibles" que las víctimas no pudieron registrar porque el mismo MP ya había bloqueado el proceso.
"Estamos 100% temerosos. El Ministerio Público los dejó ir... no sabemos si por la presión de la diputada o si hubo dinero de por medio", confiesa Daniela.
Documentos sin sello y denuncias "fantasma"
La desconfianza en el sistema de justicia no solo nace de la liberación de los implicados, sino de las presuntas irregularidades administrativas durante el proceso. En entrevista con Azteca Noticias, Daniela denunció que el Ministerio Público, Jorge Valencia Martínez, no entregó un folio formal de carpeta de investigación, limitándose a otorgar un oficio de restricción que resultó ser inútil.
"Me dio solamente un oficio que tenía que entregar en Seguridad Pública y Tránsito Municipal... pero el documento no está sellado ni nada por parte de donde se tenía que entregar", relata la víctima. Al intentar registrar la medida de protección, las autoridades municipales le informaron que el trámite no podía proceder, evidenciando lo que ella califica como un "mal manejo desde un inicio" por parte de la fiscalía.
Ante la evidente cadena de omisiones, la oficina del Fiscal General del Estado de México sugirió a los afectados iniciar una denuncia formal en contra del propio ministro por responsabilidad administrativa. Sin embargo, la respuesta de las víctimas refleja la realidad de muchos ciudadanos en el país: el miedo a las represalias.
"Nos pidieron levantar una denuncia en contra del Ministerio Público, pero la verdad es que tenemos miedo. Tienen ubicado el negocio y no queremos que pase a más", confiesa Daniela.
Sobre las medidas de protección
Al preguntarle sobre si las autoridades le habían ofrecido medidas de protección, Daniela comentó que únicamente les dijeron que una patrulla estaría pasando por el negocio; sin embargo, no especificaron cada cuánto tiempo ni otros detalles.
