¿Evo Morales bañado de sangre? El capricho del expresidente de Bolivia cobra 5 muertos

Lo que comenzó como una serie de bloqueos de carreteras por parte de facciones radicales leales al expresidente Evo Morales -acusado por el delito abuso sexual, trata de menores y terrorismo -, ha escalado hasta convertirse en un enfrentamiento letal, cobrándose la vida de cuatro miembros de la Policía Boliviana y un civil.

La nación, paralizada por una crisis económica y política, observa cómo la pugna entre el presidente Luis Arce y su antiguo mentor, Evo Morales, desciende a una espiral de violencia cuyas consecuencias son impredecibles.

El último en caer fue el subteniente Christian Calle Alcón. Su muerte, confirmada el jueves 12 de junio por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, no fue un accidente en medio de una turba, sino el resultado de una “emboscada” en la región central de Cochabamba, el corazón político y bastión de Morales.

El agente fue alcanzado por un explosivo, un testimonio escalofriante de la radicalización de las protestas.

El gobierno de Arce no ha tardado en calificar la situación con una crudeza alarmante. “Ya son cuatro los efectivos policiales que han perdido la vida; se están utilizando armas de fuego y están utilizando francotiradores inclusive”, sentenció el ministro de Justicia, César Siles, pintando un cuadro que se aleja de la protesta social para acercarse al de una insurgencia de baja intensidad.

Los focos de la violencia se han concentrado en puntos estratégicos, diseñados para asfixiar al país. En Llallagua, una histórica ciudad minera en el departamento de Potosí, y en la vital carretera que conecta La Paz con Cochabamba, la tensión ha estallado.

Fue en Llallagua donde el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó las primeras bajas: tres policías muertos por “disparos de arma de fuego” tras ser emboscados por manifestantes radicales de Evo Morales.

Los tenientes Jorge Barrozo Rodríguez y Carlos Enrique Apata Tola, además del sargento primero Jesús Alberto Mamani, perdieron la vida, marcando una jornada trágica que obligó al propio presidente Arce a salir a declarar desde el Palacio de Gobierno, hablando de los “mártires de la policía”.

La situación en Llallagua, una ciudad de poco más de 41 mil habitantes, es un microcosmos del conflicto nacional. Los enfrentamientos no solo se dan entre manifestantes radicales y fuerzas del orden.

Los propios vecinos, intentando levantar los bloqueos para restaurar la normalidad, chocaron con los grupos radicales afines a Morales, dejando un saldo de al menos 15 civiles y dos uniformados heridos. La quema de un autobús que transportaba a los policías y las barricadas que ahora surcan la ciudad son cicatrices visibles de una fractura que se profundiza día a día.

Mientras tanto, en los poblados de Parotani y Bombeo, en la ruta a Cochabamba, las imágenes de la televisión estatal mostraban a policías y militares en plenas labores de desbloqueo. La ministra de Salud, María René Castro, confirmó que los enfrentamientos allí también dejaron heridos en las filas policiales, uno de ellos por el impacto de un “objeto explosivo”.

Los seguidores de Morales culpan directamente a la administración de Luis Arce por la profunda crisis económica que ahoga al país, una realidad tangible en la escasez de dólares y combustibles, y una inflación interanual que en mayo alcanzó un alarmante 18,46%.

Morales quien convocó a las movilizaciones, rechaza un fallo judicial emitido en 2024, que prohíbe más de una reelección. El fallo es visto por el “evismo” y por el propio Morales no como un acto de derecho, sino como una proscripción política.

Morales, quien ya gobernó en tres periodos consecutivos entre 2006 y 2019, se considera la víctima de una conspiración orquestada por quien fuera su ministro de Economía. Morales perdió su popularidad en Bolivia a niveles mínimos, y según las ultimas 6 encuestas nacionales acreditadas por el órgano electoral Boliviano, Morales tendría menos de 7% de apoyo popular.

La figura de Evo Morales es central, aun en su aparente aislamiento. Desde octubre de 2024, el expresidente se encuentra en el Chapare, su inexpugnable bastión cocalero, protegido por una base social y sindical que le profesa una lealtad absoluta.

Sobre él pesan al menos siete acusaciones y dos órdenes de aprehensión por estupro y trata y tráfico de menores.

Recientemente el propio gobierno boliviano denunció penalmente al exmandatario Evo Morales por terrorismo y por obstaculizar los procesos electorales, luego de que uno de sus seguidores divulgó un audio en el que escucha la voz de Morales - verificada por instituciones expertas -, llamando a dar la batalla final y generar violencia para conseguir la aprobación de su candidatura en las elecciones de agosto, pese a los impedimentos legales.

La respuesta del presidente Arce ha sido contundente. El mandatario ordenó personalmente a militares y policías ejecutar un “operativo para desbloquear” las carreteras en todo el país.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó hasta 21 puntos de bloqueo activos en departamentos clave como Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz. La imagen del Estado movilizando a sus fuerzas armadas para confrontar a una parte de su población es la prueba irrefutable de que el diálogo, por ahora, ha sido reemplazado por la fuerza.

La fractura en el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que ambos líderes llevaron al poder, es ya total y sangrienta. Lo que fue un proyecto político hegemónico es hoy una guerra fratricida que se libra en las carreteras y se cobra la vida de servidores públicos.

Bolivia no solo entierra a sus muertos; entierra también la esperanza de una reconciliación. El país, rehén de una lucha de poder que devora a sus propios hijos, se asoma a un precipicio del que nadie, ni en el palacio de gobierno ni en los bastiones cocaleros, ni la blandengue oposición parece saber cómo retroceder.