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Vinculan a proceso a Fernanda Villarreal, exoperadora de Adán Augusto López, por desfalco y lavado de dinero

Vinculan a proceso a Fernanda Villarreal, exdirectora de vivienda en Baja California Sur y operadora clave de Adán Augusto López.

Exoperadora de Adán Augusto López, Fernanda Villarreal.
Exoperadora de Adán Augusto López es vinculada a proceso por desfalco y lavado de dinero|X.

La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur ha dado un golpe a la estructura política del estado al lograr la vinculación a proceso de Fernanda Villarreal, exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI) en la entidad. La exfuncionaria, conocida por su papel estratégico como operadora de la campaña de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de Morena, enfrenta cargos graves que la señalan como pieza clave en un esquema de corrupción.

Villarreal es acusada formalmente por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y participación en un esquema de desfalco al erario estatal. Junto a ella, también se vinculó a otros dos exfuncionarios que habrían colaborado en el desvío de fondos públicos.

El financiamiento ilícito a la campaña presidencial

Las investigaciones periodísticas que precedieron a la acción judicial revelan una trama de financiamiento político con recursos públicos. Se estima que Fernanda Villarreal destinó al menos 10 millones de pesos del presupuesto del Instituto de Vivienda para financiar la operación política de Adán Augusto López en Baja California Sur.

A esta cifra se suman tres millones de pesos adicionales utilizados para la compra de despensas y accesorios promocionales. Estos recursos, originalmente etiquetados para programas de vivienda social, habrían sido desviados sistemáticamente para apuntalar la aspiración presidencial del entonces candidato morenista en la entidad.

El proceso continuará en libertad

Pese a la gravedad de las imputaciones y el monto del presunto desvío, un juez determinó que Fernanda Villarreal podrá seguir su proceso en libertad por el momento, bajo medidas cautelares.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar el alcance total del daño patrimonial al Instituto de Vivienda y si existen más actores políticos involucrados en el blanqueo de estos capitales. Por ahora, el caso pone bajo la lupa el uso de las instituciones estatales como cajas chicas para las campañas internas del partido en el poder.

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