Presentar una denuncia en México es un suplicio para cualquier ciudadano. Ahora, imagine la magnitud del problema al no hablar español. Para las comunidades indígenas del país, la búsqueda de justicia se transforma en un auténtico calvario marcado por la discriminación oficial, la falta de intérpretes y la apatía del Estado.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela cifras de un abandono sistemático. En el territorio nacional operan 4 mil 580 agencias del Ministerio Público o fiscalías (165 federales y 4 mil 415 estatales). De este enorme universo, apenas 28 son especializadas en atención a personas indígenas, y la estadística ni siquiera incluye a la Ciudad de México.
La abogada Tania Carvellido expone la gravedad de esta omisión institucional y el déficit de infraestructura legal.
“Aun si funcionaran estas agencias, tendríamos un .05% de cumplimiento de al menos la infraestructura mínima que requiere la estadística de las 4 mil 500", explica la especialista.
Indígenas que son víctimas de la justicia en Oaxaca: Presos e incomunicados
Esta carencia anula por completo los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. En estados como Oaxaca, siete de cada diez indígenas presos enfrentan problemas graves de comunicación en sus procesos legales, un factor que los condena a penas injustas.
“Sí son vulnerables y sí son vulnerados, porque no se reconoce o no necesariamente se hace valer este derecho a una interpretación de su lengua”, detalla Carvellido.
El caso Juliana y el tiempo letal en Chiapas
La barrera del idioma no solo arruina procesos penales; también cuesta vidas y tiempo crucial. El caso de la niña Juliana, originaria de la comunidad chol en Tila, Chiapas, ejemplifica esta tragedia institucional.
El pasado 7 de marzo, la menor caminaba con su madre para buscar leña. Ella se adelantó a casa como lo hacía de costumbre, pero nunca llegó a su destino.
Su madre intentó reportar la desaparición de inmediato, pero el lenguaje se convirtió en un obstáculo casi insuperable en las oficinas gubernamentales. En delitos de desaparición, las primeras horas son fundamentales para localizar a la víctima, pero la burocracia y la falta de traductores retrasaron la alerta oficial. Al día de hoy, Juliana sigue desaparecida.
Aunque existe todo un marco jurídico nacional e internacional para garantizar el derecho a un intérprete, en los hechos la realidad es otra. El gobierno abandona a las infancias y adultos indígenas en un sistema que los discrimina de forma abierta por su origen y su voz.
