Candidatos investigados
10 mayo, 2021
Federico Anaya
Seguridad - Y - Justicia - Notas
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FGR investiga por presuntos delitos electorales a dos candidatos a la gubernatura de Nuevo León

Los candidatos investigados son: Samuel García de Movimiento Ciudadano y Adrián de la Garza de la Alianza PRI-PRD.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra Adrián de la Garza Santos, candidato del PRI a la gobernatura de Nuevo León, por solicitar el voto femenino a su favor a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa”, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León; lo cual de acuerdo significa la compra y coacción del voto.

Ante las leyes vigentes están cometiendo un delito

Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente.

La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente.

Asimismo, se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en contra de Samuel Orlando García Mascorro, candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León y de su padre Samuel García Sepúlveda, de su esposa Mariana Rodríguez Cantú y del padre de ésta, Jorge “Gerardo Rodríguez Valdez, por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales.

Todo lo cual se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria.

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