Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara un nuevo golpe a la presunción de inocencia, a la legalidad y al debido proceso. Especialistas en derecho advierten sobre el peligro inminente ante la sesión de este martes, donde los ministros discutirán la validez de una reforma legal que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias sin la autorización previa de un juez.
El proyecto elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf propone dar luz verde a las intenciones del régimen. Bajo la bandera del combate al lavado de dinero, la iniciativa abre la puerta a los abusos del gobierno y transforma la ley en un instrumento de persecución política contra voces críticas y opositores.
Jorge Sepúlveda, primer vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, alerta sobre las verdaderas implicaciones de esta medida judicial.
“En un México donde sabemos que en ocasiones las instituciones se utilizan para perseguir a periodistas o a quienes no opinan como el gobernante en turno, resulta muy peligroso”, explica el experto.
¿Bloquear cuentas bancarias sin orden judicial? Así es el proyecto en la SCJN
En su proyecto resolutivo, la ministra Ortiz señala que el Estado otorgará el derecho de audiencia para que el ciudadano pueda demostrar el origen legal de su dinero con posterioridad; sin embargo, la medida ignora el impacto devastador en la economía de las familias.
Imagine el escenario trágico si, por un simple error burocrático o por venganza política, el gobierno inmoviliza su cuenta de banco por varios días. La afectación a su patrimonio y a su tranquilidad sería inmediata e irreversible.
Ciudadanía indefensa ante el poder del Estado:
Esta controversia nace de una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito publicada en el año 2022. Diversos sectores inconformes impugnaron la medida y la anterior integración de la Suprema Corte admitió el recurso legal para su análisis a fondo.
Para evitar atropellos desde el Ejecutivo, la Barra Mexicana Colegio de Abogados exige frenar la iniciativa oficialista y proteger a los mexicanos.
“Nuestra recomendación es que cualquier congelamiento o afectación a una empresa o a una persona física pase por sede judicial para poder dar una garantía de audiencia”, puntualiza Sepúlveda.
A pesar de las advertencias constitucionales, los ministros afines al poder podrían avalar la reforma, tal como lo hacen con todos los asuntos de interés para el régimen. De concretarse este nuevo fallo a la medida, los ciudadanos quedarán en total indefensión frente a los abusos financieros del Estado.
