El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) declaró la validez de la elección judicial capitalina y, consecuentemente, entregó la constancia de mayoría a los candidatos electos, incluyendo a Juan Miguel Morales Monter, electo a magistrado en materia familiar. La decisión se produce a pesar de los serios señalamientos que tiene por presunta violencia familiar.
Durante la sesión del IECM, la consejera Erika Estrada no dudó en expresar sus reservas, poniendo en tela de juicio la entrega de esta constancia: “Considero que esta autoridad electoral no puede ser omisa ante las voces de colectivos de madres que denuncian públicamente las presuntas conductas realizadas por alguna de las personas que ahora van a ejercer un cargo en la función judicial a través de la elección popular como magistrado en materia familiar”, manifestó Estrada, reflejando la preocupación de amplios sectores de la sociedad civil.
El CG aprobó el acuerdo de asignación de cargos, expedición de constancias de mayoría y declaración de validez de las elecciones de Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial de la CDMX, Magistraturas y Juzgados del Poder Judicial.https://t.co/V1uQH2d3o1
— IECM (@iecm) June 17, 2025
¿Quién es Juan Miguel Morales Monter, señalado de violencia familiar?
Colectivos de madres han acusado a Juan Miguel Morales Monter de perjudicar sistemáticamente a víctimas de violencia vicaria, presuntamente favoreciendo a agresores en disputas de guarda y custodia de hijos. De hecho, fue el candidato más votado para la magistratura familiar, con más de 55 mil sufragios.
A pesar de las denuncias presentadas ante el Consejo de la Judicatura, y la solicitud directa al IECM por parte de madres afectadas para que no se le otorgara la constancia, el proceso de validación siguió su curso y este martes se le fue entregada.
La función de un magistrado en materia familiar es crucial para garantizar la protección de los derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres, casi siempre en contextos de alta vulnerabilidad. La presencia de un funcionario con señalamientos de violencia familiar, especialmente la vicaria, en este puesto podría menoscabar gravemente la credibilidad y la capacidad de impartir justicia con perspectiva de género y en favor de las víctimas.
