El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) enfrenta un nuevo escándalo tras revelarse el robo de cientos de bienes decomisados bajo su resguardo. De acuerdo con una investigación publicada por El Universal, durante 2024 se reportó la desaparición de al menos 211 vehículos y 50 pantallas planas, con un valor total que supera los 23 millones de pesos.
El caso ha encendido alertas sobre los mecanismos de control y vigilancia del instituto, cuya misión es precisamente administrar y devolver bienes confiscados al crimen organizado o a redes de corrupción. Sin embargo, los hechos evidencian vulnerabilidades graves en el manejo de estos activos.
Vehículos robados ya circulan legalmente en varios estados
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es que al menos 12 de los vehículos robados ya han sido regularizados y circulan legalmente en distintas entidades del país, entre ellas Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Querétaro.
Este hecho abre la puerta a cuestionamientos sobre posibles redes de complicidad o fallas en los sistemas de registro vehicular, ya que unidades con reporte de robo lograron reintegrarse al padrón legal sin ser detectadas.
“El Sardinero”, epicentro del conflicto
Los bienes sustraídos se encontraban almacenados en un inmueble conocido como “El Sardinero”, ubicado en el puerto de Veracruz. Este predio fue tomado desde diciembre de 2020 por un sindicato portuario, lo que impidió durante años el acceso del personal del INDEP.
Según las investigaciones, las autoridades enfrentaron amenazas que limitaron cualquier intento de recuperar el control del lugar, lo que habría facilitado la desaparición de los bienes. La falta de intervención oportuna también ha sido señalada como un factor clave en el deterioro de la situación.
📄 #ComunicadoINDEP Aclaración sobre la situación jurídica del inmueble “El Sardinero”, ubicado en Veracruz.https://t.co/FBreggFCJk
— IndepOficialMex (@IndepOficialMex) March 30, 2026
INDEP rechaza “robo” y habla de despojo ilegal
Tras la difusión del caso, el INDEP emitió una postura oficial en la que rechaza que se trate de un robo. En su versión, los hechos corresponden a un despojo ilegal del inmueble ocurrido el 17 de diciembre de 2020, atribuido al Sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos.
El organismo aseguró que desde el primer momento se presentó una denuncia penal por este delito y que, tras un largo proceso legal, en enero de 2025 obtuvo una sentencia favorable que ordena la desocupación y entrega del predio.
Auditoría exige cuentas claras y avances en investigaciones
El Órgano Interno de Control ha instruido al INDEP a presentar un informe detallado sobre el estado de los pagos de seguros relacionados con los bienes desaparecidos, así como avances en las investigaciones penales.
Mientras tanto, el instituto sostiene que agotará todas las vías legales para recuperar tanto el inmueble como los bienes faltantes. No obstante, el caso deja una pregunta en el aire: ¿cómo es posible que bienes decomisados al crimen terminen nuevamente fuera del control del Estado?
