El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dictó medidas cautelares dentro de un Procedimiento Especial Sancionador por supuesta violencia política contra las mujeres en razón de género, en el que se encuentra señalado el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, tras una denuncia presentada por la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.
De acuerdo con lo informado por la consejera jurídica del Ayuntamiento de Uruapan y apoderada legal de la alcaldesa, la autoridad electoral ordenó dos acciones inmediatas: la edición o eliminación de videos con expresiones consideradas misóginas en un plazo de 24 horas, y la prohibición de realizar actos de hostigamiento o intimidación contra la funcionaria.
La resolución se dio tras la denuncia presentada por el equipo jurídico de Quiroz, que sostuvo que ciertas expresiones del senador exceden la crítica política y constituyen violencia simbólica y descalificación por razón de género.
Las expresiones que motivaron la denuncia
El conflicto se originó luego de que Fernández Noroña calificara públicamente a la alcaldesa con términos como “ambiciosa”, “oportunista” e incluso “fascista”, señalamientos que, de acuerdo con la defensa de Grecia Quiroz, afectan su legitimidad y el ejercicio pleno de su cargo.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la violencia política en razón de género puede configurarse cuando se busca menoscabar o anular los derechos político-electorales de una mujer por razón de género.
El contexto político que rodea a Grecia Quiroz
El procedimiento contra Fernández Noroña se da en un momento de alta tensión política para la alcaldesa de Uruapan. El 17 de febrero, Grecia Quiroz presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Michoacán contra tres funcionarios vinculados a Morena, a quienes pidió investigar por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.
La presidenta municipal ha sostenido públicamente que existen grabaciones y declaraciones previas en las que su esposo señalaba responsabilidades políticas antes de su homicidio. La exigencia de que se investigue la línea política del crimen ha elevado el nivel del conflicto en el estado.
