El Partido Revolucionario Institucional elevó el tono político al exigir que se investigue al exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, tras las graves imputaciones que aparecen en el libro Ni perdón, ni olvido, del periodista Julio Scherer García. Para el PRI, los señalamientos no son simples anécdotas del poder, sino posibles delitos que no deben quedar impunes, especialmente por el daño institucional que implican.
Desde la oposición se advierte que las revelaciones abren una ventana inquietante sobre el funcionamiento interno del sexenio encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Incluso, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados fue más allá al sostener que lo descrito en el libro muestra que “el gobierno pasado estuvo en manos de un psicótico”, una afirmación que, aunque polémica, refleja el nivel de tensión que ha generado el tema en el Congreso.
Crecen las presiones contra Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) tras las revelaciones del libro de Julio Scherer (@JScherer_Ibarra)
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 19, 2026
Senadores y diputados de oposición exigen su comparecencia por el presunto desvío de 27 mil millones de pesos y vínculos con el “rey del… pic.twitter.com/zroiC4LFGt
Senadores exigen rendición de cuentas en caso Jesús Ramírez Cuevas
La presión política no se limita a San Lázaro. Legisladores de distintas fuerzas han exigido que Ramírez Cuevas comparezca ante el Senado de la República para explicar los señalamientos que pesan en su contra. Entre ellos, el senador del Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar, subrayó que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para evitar que la impunidad se normalice.
En la misma línea, legisladores del Partido Acción Nacional, del propio PRI y de Movimiento Ciudadano coinciden en que lo revelado podría configurar una “noticia criminal”. Por ello, consideran indispensable que la Fiscalía General de la República analice los hechos y determine si existen responsabilidades penales.
¡Botín millonario, pocos beneficiados! La deuda de 27 mil millones que dejó Jesús Ramírez Cuevas
Senadora del PAN demanda investigar presuntos vínculos y desvíos señalados en “Ni venganza ni perdón”
La senadora del PAN, Lilly Téllez, exigió desde la tribuna del Senado la comparecencia de Jesús Ramírez Cuevas para que responda a los señalamientos en su contra expuestos por el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, en su libro Ni venganza ni perdón.
Durante su intervención, la legisladora afirmó que las acusaciones son de “extrema gravedad” y no pueden quedar sin investigación. Señaló que el texto refiere presuntos vínculos con el crimen organizado a través de Sergio Carmona Angulo, identificado como “el rey del huachicol fiscal”, así como un supuesto desvío de recursos públicos para financiar proyectos personales.
Téllez sostuvo que el Senado no puede ignorar las revelaciones contenidas en la publicación y demandó que se aclaren ante la opinión pública. “Son delitos graves que no deben quedar impunes”, expresó, al insistir en que Ramírez Cuevas debe explicar su versión de los hechos.
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Desvíos, propaganda y control de la mañanera: Esto dice el libro "ni perdón, ni olvido"
Las acusaciones descritas por Scherer son de alto calibre. En su libro, señala que Ramírez Cuevas habría gestionado una doble indemnización para ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, por un monto superior a los 27 mil millones de pesos. Según el autor, esos recursos se habrían utilizado para comprar lealtades políticas, provocando un daño severo al erario.
A ello se suma el presunto uso de recursos públicos para favorecer al periódico Regeneración, fundado por el propio Ramírez Cuevas, que habría recibido publicidad oficial y financiamiento estimado en más de 2 mil 800 millones de pesos. Finalmente, el libro apunta al supuesto control de las conferencias mañaneras, con preguntas a modo y pagos a seudoperiodistas afines al poder.
Hoy, la exigencia es clara: las revelaciones no pueden quedarse en el terreno editorial. Para la oposición, investigar y sancionar —si procede— es una prueba de fuego para la credibilidad institucional y para demostrar que, en México, el poder también puede rendir cuentas.
