La nueva Ley de Telecomunicaciones dará acceso al gobierno a tus llamadas y mensajes
La Ley Censura de Claudia Sheinbaum incluye un registro obligatorio de telefonía que exige datos personales y biométricos, para todos los usuarios.
La polémica reforma a la Ley de Telecomunicaciones impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado al descubierto un intento por legalizar el espionaje a los ciudadanos a través de un registro obligatorio de telefonía que incluye datos personales y biométricos, todo bajo el pretexto de combatir la delincuencia.
Expertos, académicos y sociedad civil han alertado sobre los riesgos que la llamada Ley Censura implica para la privacidad y la libertad de expresión en México.
Registro telefónico con datos biométricos: ¿seguridad o espionaje?
Pablo Corona Fraga, presidente de la Asociación de Internet de México, advierte:
“No caigamos en esta falsa dicotomía en donde renunciamos a la privacidad para obtener seguridad. Me parece ingenuo creer que el establecimiento de reglas para que la gente se registre va a llevar a que un delincuente se registre.
Además, se señala que los delincuentes ya saben cómo evadir la ley, por lo que el registro no resolverá los problemas de inseguridad. Francisco Javier Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, enfatiza:
“El Registro ayuda a resolver problemas de seguridad? No, no hay ningún indicador que diga que así sea. En un país con los niveles de delincuencia organizada que tenemos, es muy riesgoso que no existan controles judiciales sobre quién accede a nuestra información”.
Libertad de expresión en riesgo por censura digital de la Ley de Telecomunicaciones
La ley también obliga a concesionarios a entregar datos personales, ubicación y comunicaciones sin orden judicial, lo que expertos consideran una violación a derechos fundamentales. Olivia Andrea Mendoza, investigadora del CIDE, señala:
“Estos mecanismos previos de censura que estructural e institucionalmente pueden traer consigo el no ejercicio de la libertad de expresión.”
María José de Icaza, del Programa Derechos Digitales de Artículo 19, advierte: “La vigilancia es una medida indirecta de censura que no solamente va a afectar a periodistas y defensores de derechos humanos, sino que nos va a afectar a todas las personas y en el momento en que se criminaliza la protesta tendremos pocos espacios para ejercer nuestros derechos.”
De aprobarse esta Ley Censura, el gobierno tendría tentáculos para vigilar lo que los ciudadanos digan, escuchen o vean en sus teléfonos, poniendo en riesgo la privacidad, la seguridad y la libertad de expresión en México. La controversia continúa mientras expertos y sociedad civil llaman a reflexionar sobre las implicaciones de esta medida.
