El Pleno del Senado aprobó en lo general la ley de la Guardia Nacional que incorpora completamente a esa institución a la Fuerza Armada Permanente adscrita a la Defensa con lo que pierde totalmente su carácter civil.
La asamblea avaló en lo general el proyecto con 75 votos a favor y 34 en contra; mientras que en lo particular obtuvo una votación de 75 a favor y 32 en contra, por lo que el documento fue turnado a Claudia Sheinbaum.
La oposición votó en contra al asegurar que de esta manera se militariza de lleno al país y se atenta contra las libertades y el futuro democrático de la nación.
Indicaron que la estrategia de abrazos y no balazos fracasó de manera rotunda y hoy lo que queda es un país militarizado, que es lo que nos quiere heredar el gobiernos de Morena.
#Morena y aliados aprobaron sin pasar por comisiones tres reformas que fortalecen el poder del gobierno, destacando la Ley Antilavado que amplía las "actividades vulnerables" y pone bajo sospecha a ciudadanos y empresas por gastos con tarjeta, criptomonedas o donativos.… pic.twitter.com/UVRR4eEQ1b
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 1, 2025
Mando militar y jurisdicción castrense
El dictamen establece que la Guardia Nacional estará integrada por personal militar con formación policial, sujeto a la jurisdicción penal militar. Solo el personal técnico y administrativo —de carácter civil— seguirá bajo el régimen de trabajadores al servicio del Estado.
Además, el comandante de la Guardia Nacional deberá tener el grado de General de División en activo, y será designado por la presidenta de la República a propuesta del titular de la Defensa. Todo su esquema de reclutamiento, grados jerárquicos, licencias, sanciones y disciplina será homologado con el del Ejército y la Fuerza Aérea, diluyendo así cualquier carácter verdaderamente civil de esta corporación.
Consolidación del control de la Defensa
Senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han advertido que se trata de la militarización de la seguridad pública, y subrayan que uno de los puntos más preocupantes es que la Secretaría de la Defensa Nacional asumirá la totalidad del control operativo, administrativo y estratégico de la Guardia Nacional, incluyendo la organización territorial, nombramientos, capacitación, convenios con entidades federativas y el diseño de políticas de seguridad pública.
También se le faculta para generar y procesar información de inteligencia, lo que concentra poderes sin precedentes en una sola institución militar.
A través de reformas a al menos ocho leyes, el dictamen profundiza la fusión entre seguridad pública y defensa nacional. La Guardia Nacional será considerada ahora parte de la “Fuerza Armada Permanente”, y sus integrantes estarán sujetos a los mismos códigos de justicia militar que el Ejército y la Fuerza Aérea. Incluso su educación, ascensos, recompensas y seguridad social serán regidos por normas militares.
Riesgos para el equilibrio democrático
Los senadores de oposición advirtieron que el nuevo marco normativo rompe con el principio constitucional que establece la separación entre seguridad pública (civil) y seguridad nacional (militar). En palabras de organismos independientes, esta reforma representa un riesgo grave para los derechos humanos, el control civil del poder armado y la rendición de cuentas, además de una amenaza al federalismo, al centralizar el mando operativo en la Defensa.
