El diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, junto con el dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, presentó ante la Cámara de Diputados una demanda de desafuero contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázares; y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros servidores públicos.
La solicitud no es menor ni simbólica: busca retirarles la protección constitucional que les otorga el fuero, con el objetivo de que enfrenten procesos judiciales sin ese blindaje político.
Acusaciones desde Estados Unidos: el peso de una investigación contra Rocha Moya
El fundamento de esta acción radica en los señalamientos emitidos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que acusa a los funcionarios de presuntos vínculos con la delincuencia organizada relacionados con el tráfico ilícito de sustancias controladas.
Se trata de una acusación que, por su origen y alcance, coloca el tema en una dimensión internacional. No es una denuncia local ni un señalamiento político interno: es una investigación que, de confirmarse, tendría implicaciones legales y diplomáticas de gran escala.
Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero.
— Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 1, 2026
Por eso, el diputado @gibranrr y un servidor hemos solicitado el día de hoy que se dé inicio al proceso de desafuero. pic.twitter.com/rdXnzXY2HS
Maynez hace pública demanda de desafuero
A través de su cuenta en X, Jorge Álvarez Máynez hizo pública la presentación de la demanda y subrayó el propósito central de la misma: que los funcionarios señalados enfrenten la justicia sin la protección del fuero. No se trata únicamente de un trámite legislativo, sino de una decisión con implicaciones políticas profundas, en la que se deberá evaluar si existen elementos suficientes para retirar el fuero a los funcionarios señalados.
¿Se puede destituir a un gobernador en México?
Sí, la legislación mexicana contempla la posibilidad de remover a un gobernador, aunque no es un proceso automático ni sencillo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que esta medida solo puede aplicarse bajo condiciones específicas y mediante mecanismos bien definidos.
Entre las vías legales que existen destacan el juicio político, la declaración de procedencia —conocida como desafuero— y la desaparición de poderes en una entidad federativa. Cada uno de estos mecanismos responde a escenarios distintos, pero todos implican procesos formales y decisiones institucionales de alto nivel.
El fundamento de esta posibilidad se encuentra en el Artículo 116 de la Constitución de México, donde se señala que los gobernadores pueden ser removidos de su cargo. Sin embargo, los procedimientos concretos, así como las causales específicas, dependen de lo que establezca la Constitución de cada estado.
