Cd. de México.- Senadores de oposición se pronunciaron en contra de llevar a cabo un periodo extraordinario para analizar la posible desaparición de poderes en Tamaulipas tras el desafuero por parte de la Cámara de Diputados del gobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La bancada del PAN a través de su coordinador, Julen Rementería indicó que no se prestaran a que se quebrante la ley para la persecución de los opositores del gobierno de Morena.
“El Grupo Parlamentario del PAN se pronuncia en contra, absolutamente en contra de la intención de llevar a cabo un periodo extraordinario en la Cámara de Senadores con el único propósito de desaparecer los poderes en Tamaulipas, no lo vamos a permitir. El uso faccioso de la ley no debe prosperar en este país. El Grupo Parlamentario del PAN no será parte de esta pantomima por hacer justicia que lo único que busca es perseguir a sus opositores”.
En ese sentido, resaltaron que siempre existe la posibilidad de dialogar y discutir los temas que sean de interés legislativo y que sean benéficos para los mexicanos, como el resolver la crisis de salud y económica que vive el país, así como el que se haga justicia a las víctimas de la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
MC y PRI también en contra del extraordinario
Por parte de los senadores de Movimiento Ciudadano fijo la postura el senador Noé Castañón. Dijo que se pronuncian en contra de que se utilice de manera facciosa a las instituciones por lo que de manera categórica rechazan un periodo extraordinario con el propósito de desaparecer los poderes en Tamaulipas.
“Las legisladoras y legisladores de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente no avalaremos un periodo extraordinario, no nos prestaremos a caer en el juego de distractores políticos y mediáticos. Rechazamos categóricamente el uso de las instituciones del Estado con fines electoreros y de persecución política”.
Mientras el Grupo Parlamentario del PRI manifestó su rechazo al extraordinario mediante un comunicado. Ahí señalan que el uso de la mayoría legislativa para intervenir en las decisiones de poderes e instituciones autónomas debilita el Estado de Derecho, genera incertidumbre y confronta a la sociedad.
También hicieron un llamado a respetar la ley y la resolución de la Corte, así como a retomar los cauces institucionales, para evitar un conflicto mayor que vulnere el orden federal.
