Senadoras de oposición encendieron las alertas luego de que autoridades vinculadas a Morena respaldaran el cierre de la investigación sobre presuntos delitos cometidos por dirigentes de la Iglesia de La Luz del Mundo. El ángulo es claro: acusan que la decisión no solo deja en el aire denuncias graves, sino que podría traducirse en protección política para una red señalada por explotación sexual infantil.
La resolución de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal en un caso que llevaba abierto desde 2019 provocó un choque frontal con legisladoras opositoras, quienes cuestionan la consistencia del proceso y el mensaje que envía a las víctimas.
Víctimas denuncian cierre sin aviso y señalan encubrimiento
Desde el otro frente, las voces de quienes denunciaron pesan. Sochil Martin y Sharim Guzmán, sobrevivientes y exintegrantes de la organización religiosa, acusaron que el cierre de la investigación se realizó sin notificación previa. De acuerdo con su testimonio, se enteraron después de que la carpeta ya había sido cerrada bajo el argumento de que “no había crimen”.
Martin relató que incluso hubo cambios dentro de la Fiscalía sin que las víctimas fueran informadas oportunamente. Para ellas, esto refleja desorden institucional o, peor aún, una estrategia deliberada de opacidad.
Ambas denunciantes calificaron la decisión como un posible encubrimiento institucional, sobre todo considerando la gravedad de los delitos señalados: trata de personas, explotación laboral y sexual, y presuntos vínculos con delincuencia organizada.
Contradicciones frente a investigaciones en Estados Unidos
El caso adquiere una dimensión internacional que vuelve más difícil de explicar el cierre en México. En Estados Unidos, el líder de la iglesia, Naasón Joaquín García, fue condenado en 2022 a más de 16 años de prisión tras declararse culpable de delitos sexuales contra menores.
Las denunciantes subrayan que mientras en ese país las autoridades avanzan en investigaciones por tráfico infantil y crimen organizado, en México la FGR concluye que no hay elementos suficientes para proceder. Para la oposición, esta disparidad no es menor: cuestiona la solidez del sistema de justicia mexicano frente a casos de alto impacto.
Temor por las víctimas y presión para impugnar la decisión
Las sobrevivientes también advirtieron sobre el riesgo que enfrentan las familias que denunciaron, varias de ellas con víctimas que eran menores de edad al momento de los hechos. Aseguran que ya buscan asesoría legal para impugnar la decisión de la Fiscalía y reabrir el caso.
En este contexto, el discurso de la oposición apunta a un tema más amplio: la confianza en las instituciones. Legisladoras advierten que cerrar un expediente de esta magnitud, sin transparencia ni claridad, no solo afecta a las víctimas directas, sino que erosiona la credibilidad del Estado frente a delitos de alto impacto.
