Ciudad de México. La diputada de Morena, Valentina Batres propuso una iniciativa de reforma al Código Civil de la capital, a fin de que se establezca la obligatoriedad de brindar alimentos a la pareja fuera del matrimonio y o el concubinato, cuando se cumplan ciertos supuestos:
“Siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias: que la relación de pareja esté fundada en la afectividad, el consentimiento y la relación libremente aceptada, que tengan una relación de convivencia permanente, aunque concurran con respecto al deudor alimentista diversas formas de convivencia como el matrimonio o el concubinato. Que como resultado de dicha relación se hayan procreado o adoptado hijas o hijos, que se acredite que hay dependencia económica “.
Al argumentar su propuesta desde Tribuna, Batres Guadarrama señaló que esta es la historia de muchas mujeres que en su relación no están reconocidas ni como concubinas, ni como cónyuges. Y que al tener hijos, se dedican al cuidado de los mismos, abandonando así su posibilidad de desarrollo personal y de construir un patrimonio.
Sin embargo, aseguró que el hecho de que estas mujeres se dediquen al cuidado de los hijos, contribuye indirectamente a que la pareja construya un patrimonio, por ello debe establecerse la obligatoriedad de proporcionar alimentos a quien no está reconocida como esposa ni concubina:
La legisladora recordó que la Suprema Corte se ha pronunciado en el tema y ya estableció un precedente en el que reconoce derechos alimentarios no solo a los hijos, sino a la mujer que no se encuentra en el supuesto de cónyuge o concubina, siempre y cuando concurran las circunstancias ya previstas en esta iniciativa. Y advirtió:
“De no regular este tipo de relaciones solo genera más desigualdad y vulnera el principio de no discriminación, además favorece y nutre la cultura machista”.
Aseguró que la llamada “casa chica” es la expresión de vínculos familiares y por ello debe ser de orden público y de interés del Estado.
La iniciativa fue suscrita por los grupos parlamentarios de Morena y Partido del Trabajo y fue turnada para su análisis a la Comisión de Género, con opinión obligatoria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
