La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, rechazó que exista una campaña de linchamiento político contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, dejó claro que el caso representa una prueba crítica para el Estado mexicano: demostrar si realmente combate a la delincuencia o si termina protegiendo a sus propios funcionarios.
Desde una postura frontal, la legisladora panista sostuvo que el debate no puede reducirse a una narrativa de persecución política. Por el contrario, insistió en que el gobierno federal debe ofrecer respuestas contundentes ante señalamientos de esta magnitud, pues lo que está en juego —dijo— es la credibilidad institucional del país frente a la comunidad internacional.
Prisión preventiva y presión al sistema judicial
López Rabadán recordó que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se impulsó la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, pasando de nueve a 26 ilícitos. Bajo esa lógica, afirmó, no debería haber excepciones cuando se trata de acusaciones graves.
En ese sentido, exigió que a Rocha Moya se le apliquen medidas como la prisión preventiva oficiosa y el congelamiento de cuentas bancarias, en congruencia con los criterios que han afectado a miles de ciudadanos. “Primero detener y luego investigar”, citó, al cuestionar por qué ese principio no se aplicaría en este caso de alto perfil.
Además, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha respaldado medidas como el bloqueo de recursos financieros incluso antes de una sentencia definitiva, lo que —argumentó— refuerza la necesidad de actuar con el mismo rigor en todos los casos, sin privilegios políticos.
“Soberanía sin seguridad no sirve”: López Rabadán
La panista también lanzó una crítica directa al discurso oficial sobre soberanía. Aseguró que la verdadera defensa nacional no se limita a rechazar presiones externas, sino a garantizar la seguridad interna de los ciudadanos. “De nada sirve una soberanía charra si no hay justicia”, sentenció.
Para López Rabadán, el caso de Sinaloa no solo pone bajo escrutinio al Ejecutivo, sino también al Poder Judicial, que atraviesa un proceso de renovación tras la elección de parte de sus integrantes el año pasado. En su opinión, esta coyuntura definirá si los jueces actúan con independencia o bajo presiones políticas.
Finalmente, advirtió que México enfrenta un momento decisivo: o demuestra que las instituciones están del lado de la legalidad, o se consolida la percepción de que existe un sistema que protege a quienes deberían rendir cuentas. “El problema ético de este país es claro: decidir si se protege a los acusados o se les sanciona conforme a la ley”, concluyó.
