ENTREVISTA: Víctimas del Tren Interoceánico van contra empresas y funcionarios

A nueve días de la tragedia que cobró la vida de 14 personas y dejó más de un centenar de heridos en Oaxaca, la batalla legal ha comenzado. Este 5 de enero, se presentó formalmente la primera denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

En entrevista exclusiva para Hechos AM , el abogado Irving Arellano, representante de la familia Iglesias Temich (supervivientes del accidente), confirmó que la querella busca esclarecer si lo ocurrido el pasado 28 de diciembre fue un accidente fortuito o un delito derivado de la negligencia y la falta de mantenimiento.

El abogado explicó que la denuncia no solo apunta a una figura abstracta, sino que, basándose en informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se tienen identificadas a las empresas y servidores públicos que tuvieron injerencia en la construcción y mantenimiento de la obra insignia de la pasada administración.

“Se hace el señalamiento a empresas que tuvieron injerencia en la construcción y mantenimiento del tren... Si resultan servidores públicos, de igual forma tendrán que ser señalados”, afirmó Arellano.

El litigante detalló en Hechos AM los dos escenarios legales que enfrentan las víctimas:

• Si se comprueba delito (Negligencia): Se buscará la imputación directa contra empresas y funcionarios, además de la reparación integral del daño por la vía penal.
• Si se determina accidente: Aunque no habría cárcel, las familias aún tendrían derecho a una indemnización económica por la vía civil o administrativa.

“Lo que nosotros hacemos es presentar la querella para darle visibilidad a las víctimas y que puedan tener acceso a esta investigación”, explicó el abogado, subrayando que esto es independiente de la investigación de oficio que ya realiza la FGR.

Las familias están conscientes de que la justicia no será inmediata. Arellano estimó que tan solo la etapa de peritajes técnicos para determinar las causas del siniestro en la Línea Z (a la altura de Nizanda) podría tardar al menos seis meses.

A pesar de tratarse de una obra prioritaria del Gobierno Federal, la defensa confía en la promesa de la actual presidenta de no encubrir a nadie.

“Las víctimas confían en la presidenta... que se iba a investigar sin importar quién fuera la persona responsable, siempre y cuando se tengan las pruebas”, señaló.

La denuncia fue interpuesta en representación de Juan Manuel Iglesias López, Flor del Carmen Temich Sinta y su hijo Alexis Iglesias Temich, quienes resultaron lesionados durante el colapso de los vagones.

Para ellos y el resto de las víctimas, la prioridad es evitar que el caso se “enfríe” mediáticamente y que la impunidad termine siendo el costo de las decisiones políticas tomadas en el sexenio anterior.