La salud sexual es un aspecto fundamental del bienestar general de las personas, y entenderla implica reconocer y garantizar los derechos sexuales de cada individuo. En México, se ha avanzado en la promoción de una visión integral de la sexualidad que abarca aspectos físicos, emocionales y sociales.
La salud sexual, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se limita a la ausencia de enfermedades, disfunciones o discapacidades relacionadas con la sexualidad. Implica tener una vida sexual segura, satisfactoria y sin riesgos, así como el derecho a tomar decisiones informadas y responsables sobre la propia sexualidad. También se refiere a la capacidad de disfrutar y expresar la sexualidad sin discriminación, violencia o coerción.
Derechos sexuales en México
En México, los derechos sexuales están protegidos por la Constitución y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. La Ley General de Salud establece que todas las personas tienen derecho a recibir atención integral en salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a información, métodos anticonceptivos, servicios de prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, así como servicios de atención durante el embarazo y el parto.
Son 14 los derechos establecidos en la “Cartilla de Derechos Sexuales”:
- Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad.
- Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual.
- Derecho a manifestar públicamente mis afectos.
- Derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme afectiva, erótica y sexualmente.
- Derecho a que se respete mi privacidad y a que se resguarde mi información personal.
- Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual.
- Derecho a decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva.
- Derecho a la igualdad.
- Derecho a vivir libre de discriminación.
- Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad.
- Derecho a la educación integral en sexualidad.
- Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva.
- Derecho a la identidad sexual.
- Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción.
Además, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia sexual, incluyendo el acoso sexual y la violencia en el ámbito familiar o de pareja. Esta ley también establece la obligación de las autoridades de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia sexual.
Los derechos sexuales son una respuesta a las distintas necesidades humanas en torno a la sexualidad, son el pilar de los diversos valores que nos enseñan en la infancia, adolescencia, juventud o en la vida adulta como es el respeto, la libertad, la empatía, la igualdad, la autonomía, etcétera.
Educación sexual: Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva
Una parte fundamental de la promoción de la salud sexual es la educación sexual integral. La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México ha implementado programas de educación sexual en las escuelas, con el objetivo de brindar a los estudiantes información precisa y basada en evidencia sobre la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo no deseado.
Sin embargo, aún persisten desafíos en la implementación efectiva de la educación sexual en todo el país, y aunque en algunos casos hay quienes argumentan que se promueven comportamientos sexuales irresponsables o se contradicen valores culturales y religiosos, la evidencia científica respalda la importancia de una educación sexual adecuada para prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y promover relaciones saludables y respetuosas.
El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva es un componente esencial de los derechos sexuales. En México, existen programas y servicios públicos que brindan atención integral en salud sexual, incluyendo la distribución gratuita de métodos anticonceptivos, la prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y la atención durante el embarazo y el parto.
Sin embargo, persisten desigualdades en el acceso a estos servicios, especialmente para las poblaciones más vulnerables, como las adolescentes, las personas de bajos recursos económicos y las comunidades indígenas. Es fundamental garantizar que todas las personas, sin importar su condición socioeconómica o su ubicación geográfica, tengan acceso equitativo a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.
