Este 11 de junio se conmemora el 12.º aniversario de la reforma en telecomunicaciones que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 2013, por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Ante esto, es de suma importancia realizar un análisis comparativo respecto a las modificaciones que ha tenido con el gobierno actual.
Y es que, la propuesta impulsada en 2025 por la administración de Claudia Sheinbaum plantea un modelo de regulación con claros tintes autoritarios que amenazan la libertad de expresión y la pluralidad informativa, además de que abre la puerta a la censura selectiva, el control político de los medios y la erosión de derechos fundamentales.
¿Qué fue lo que se logró con la reforma en telecomunicaciones en 2013?
La reforma de 2013 tuvo como objetivo central garantizar el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), fomentar la competencia efectiva y reducir los precios de los servicios de telecomunicaciones.
Entre sus principales resultados destacan que buscó que los servicios como internet, telefonía y televisión fueran más accesibles, baratos y de mejor calidad para todos los mexicanos. Se creó un órgano regulador independiente (el IFT), se abrió la competencia para que no solo unas pocas empresas controlaran el mercado, se eliminaron los cobros de larga distancia nacional, y se impulsó la cobertura de internet en más zonas del país. En resumen: más competencia, mejores precios y mayor acceso.
Un golpe a la libertad: La Ley de Telecomunicaciones 2025
En 2025, el gobierno mexicano impulsó una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que desde el inicio levantó las alarmas por los tintes autoritarios que mostraba.
La también conocida como Ley Censura tiene varias diferencias que resultan en un aumento de concentración de poder en el Ejecutivo, pues esta ley otorga poderes discrecionales y arbitrarios para cancelar licencias, monitorear contenidos y usuarios en redes sociales, además de multar comunicadores en caso de que su opinión no sea de su agrado.
Antes, cuando el IFT existía como órgano autónomo, servía de intermediario entre los medios de comunicación y el Estado; sin embargo, con las nuevas atribuciones y su eliminación, estas pasarían al Poder Ejecutivo, lo cual representa un gran riesgo, pues tendrá poder absoluto y pondría en jaque la libertad de expresión de los medios de comunicación y en general, de la ciudadanía.
Ahora, sus funciones pasarán a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la nueva Comisión Antimonopolio en la Secretaría de Economía representa una desconcentración poco clara.
Al no tener a un órgano autónomo, existe el riesgo de que los medios de comunicación se autocensuren para evitar emitir un contenido que desagrade al régimen. Expertos advierten que esto eliminará la pluralidad de voces críticas en favor de mensajes favorables al gobierno.
Por otro lado, la restricción a la transmisión de mensajes o propaganda de gobiernos extranjeros, aunque presentada como defensa de la soberanía, incluye excepciones amplias y ambiguas que podrían usarse para censurar contenidos según intereses políticos.
