La solicitud de juicio político promovida por diputados locales de Morena contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quedó sin efectos luego de que los promoventes no completaran el proceso requerido para darle continuidad en el Congreso de la Unión.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que el plazo legal para ratificar la petición venció sin que los legisladores acudieran a formalizar el procedimiento, por lo que el expediente fue desechado.
¿Por qué fue desechada la solicitud contra Maru Campos? Así la desistieron
De acuerdo con la información difundida por la Mesa Directiva, el escrito fue recibido por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el pasado 26 de mayo, aunque estaba fechado un día antes.
Sin embargo, la legislación establece que quienes presentan una solicitud de juicio político deben ratificarla dentro de un plazo determinado para que pueda avanzar a la siguiente etapa. Al no cumplirse ese requisito, el trámite quedó concluido de manera automática.
La propia Kenia López Rabadán confirmó que el periodo para realizar dicha ratificación expiró sin que hubiera respuesta de los promoventes.
¿Quiénes impulsaron la petición?
La solicitud fue firmada por 11 diputados locales de Morena en Chihuahua:
- Edín Cuauhtémoc Estrada
- Magdalena Rentería Pérez
- Leticia Ortega Máynez
- Óscar Daniel Ávila
- Elizabeth Guzmán
- María Antonieta Pérez
- Brenda Francisca Ríos
- Pedro Torres
- Edith Palma Ontiveros
- Herminia Gómez
- Jael Argüelles
Pese a la relevancia del procedimiento, los legisladores no concretaron el paso necesario para mantener viva la petición ante el Congreso federal.
La acusación que Morena buscaba llevar al Congreso
Aunque el documento no detalló públicamente los presuntos delitos atribuidos a la gobernadora, integrantes de Morena señalaron que la denuncia estaba relacionada con la participación de agentes de la CIA durante un operativo realizado en abril pasado en el sur de Chihuahua.
Según la versión difundida por el partido, la presencia de dos agentes estadounidenses en la destrucción de un presunto narcolaboratorio habría motivado señalamientos de una posible conducta que consideraban susceptible de juicio político.
No obstante, al quedar sin ratificación, la solicitud no avanzó a ninguna fase de análisis ni revisión por parte de la Cámara de Diputados.
