Un expediente abierto en la Fiscalía General de la República (FGR) revela la presunta existencia de una red criminal encabezada por Raúl Rocha Cantú , identificado como dueño de Miss Universo, que habría utilizado al menos cinco empresas de seguridad privada como fachada para traficar armas y cometer otros delitos de alto impacto.
De acuerdo con la investigación federal, estas compañías eran operadas por distintos intermediarios y operadores bajo las órdenes de Jacobo Reyes León, señalado como el presunto líder operativo de la organización criminal. La estructura permitía simular actividades legales mientras se encubrían operaciones ilícitas a gran escala.
Las empresas utilizadas para encubrir el tráfico de armas
Las autoridades han identificado que el grupo criminal operaba, entre otras, las siguientes razones sociales: Comercializadora de Bienes Segurimex, Servicios Terrestres de Seguridad Privada Seter, Dinámica Seguridad Privada Consultores, Servicios Especializados de Investigación y Custodia, así como Servicios Integrales Valbon.
Aunque algunas de estas empresas contaban con permisos oficiales para prestar servicios de guardias intramuros, custodia o escoltas, la investigación sostiene que su verdadera función era la comercialización ilegal de armas cortas y de alto calibre, las cuales se ofrecían “sobre pedido” a distintos grupos criminales.
Remarcado de armas y venta directa a grupos criminales
El expediente detalla que en los propios sitios vinculados a estas empresas se realizaban prácticas ilegales como el remarcado de armas, con el objetivo de borrar su origen y facilitar su entrega a organizaciones delictivas. Esta operación habría permitido colocar armamento tanto en el mercado negro como directamente en manos de células criminales dedicadas a otras actividades ilícitas.
Jorge Alberts Ponce, operador clave de la organizaciónOtro de los personajes relevantes en la investigación es Jorge Alberts Ponce, alias “Yoryi”, identificado como uno de los operadores clave al servicio de Raúl Rocha Cantú y Jacobo Reyes León. Actualmente existe una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada.
Según las indagatorias, su función consistía en administrar y dirigir las cinco empresas de seguridad, coordinando tanto los permisos legales como las operaciones clandestinas.
Un catálogo de armas y un nivel alarmante de impunidad
Documentos integrados en la carpeta de investigación muestran que la organización contaba con un catálogo amplio de armamento. En algunos casos, se ofrecían armas desde 20 mil pesos, incluso con supuesta licencia incluida, lo que refleja el alto grado de impunidad con el que operaba la red.
Esta estructura criminal no solo se habría dedicado al tráfico de armas, sino que también diversificó sus actividades hacia delitos como el huachicol, en diversas modalidades, así como el tráfico de drogas.
Pese a la magnitud de la red criminal descrita en el expediente, hasta el momento solo existen 12 órdenes de aprehensión vigentes contra los implicados. El caso continúa bajo investigación por parte de la FGR, mientras salen a la luz más detalles sobre el presunto uso de empresas legales como fachada para actividades del crimen organizado.
