La capital del país atraviesa una jornada de tensión tras una serie de intervenciones desplegadas por el Instituto Nacional de Migración (INM).
Ciudadanos y organizaciones civiles han reportado la ejecución de redadas de gran alcance en sectores estratégicos como Polanco, Patriotismo, y las colonias Guerrero, Doctores y San Rafael.
Estos despliegues, que se intensificaron entre finales de abril y principios de mayo, han sido cuestionados por la presunta falta de legalidad en sus procedimientos.
Vigilancia en centros comerciales de Polanco
Uno de los eventos más críticos se registró el 30 de abril en las inmediaciones de un centro comercial en Polanco. De acuerdo con testimonios audiovisuales capturados por transeúntes, personal del INM arribó en camionetas oficiales para realizar inspecciones aleatorias basadas en la apariencia física de las personas.
En dicho punto, se contabilizó la detención de al menos 15 ciudadanos extranjeros. Los testigos señalaron que las autoridades intentaron restringir la documentación de los hechos, exigiendo a los presentes que dejaran de grabar mientras las personas eran subidas a las unidades oficiales.
Irrupciones en propiedad privada y detenciones dudosas
La preocupación se extendió a la alcaldía Cuauhtémoc el 4 de mayo, donde se denunció un operativo que vulneró la privacidad domiciliaria. Reportes indican que los agentes ingresaron a un inmueble en la colonia San Rafael sin presentar la orden judicial correspondiente.
Durante esta intervención, 11 individuos fueron arrestados. Entre los casos más destacados se encuentra el de una mujer de origen cubano, cuya pareja, de nacionalidad mexicana, intentó frenar la detención exhibiendo un acta de matrimonio y documentos en regla.
A pesar de la existencia de vínculos legales y la exigencia de un oficio de detención, la mujer fue trasladada por el personal migratorio.
Separación de familias con documentos en regla
La organización Conexión Migrante y la Red Jesuita con Migrantes han alzado la voz ante lo que califican como un mecanismo de "limpieza" de las calles. Las denuncias apuntan a que los detenidos son mantenidos en condiciones de incomunicación.
Se ha confirmado que muchos de los afectados fueron remitidos inicialmente a una estancia en Iztapalapa, para después ser movilizados vía terrestre hacia el estado de Veracruz, complicando su situación jurídica y el contacto con sus familias.
Silencio oficial y opacidad institucionalAnte el incremento de evidencias videográficas y denuncias públicas, el Instituto Nacional de Migración ha mantenido una postura hermética.
Traslados forzados hacia el sur del país
En un breve comunicado, la institución rechazó que se trate de "redadas", definiendo las acciones como labores de colaboración destinadas a la prevención de ilícitos.
No obstante, la autoridad no ha transparentado el número total de capturas, el estatus legal de los involucrados ni los criterios para los traslados interestatales.
Este escenario ha levantado interrogantes sobre si México mantiene su postura como país de refugio o si ha iniciado una política de contención silenciosa.
Mientras el gobierno evita dar explicaciones detalladas, el registro ciudadano documenta al menos 10 detenciones adicionales en otros puntos, sumando un clima de incertidumbre sobre el respeto a las garantías individuales en el marco de la vigilancia migratoria actual.
