“Lo pronunciamientos y determinaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no buscan ni han buscado debilitar las instituciones o promover que la ley se desconozca o incumpla. Por el contrario, su objetivo es el fortalecimiento de de un estado y una institucionalidad democrática, sustentada en el respeto y aplicación de la ley así como la vigencia y garantía, real y no efectiva de los derechos humanos” eso fue mensaje que dio el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez, al presentar el Estudio sobre el Cumplimiento e Impacto de Pronunciamientos de la CNDH 2001-2017, en materia de procuración y administración de justicia.
Durante este periodo se estudio evaluó el cumplimiento de nueve instrumentos-recomendaciones que versan sobre la práctica común de detenciones arbitrarias, la aplicación del examen de poligráfico, la práctica de la tortura , el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego, los derechos de las víctimas de delitos, el plazo para resolver una investigación ministerial, la práctica de cateos ilegales y el ejercicio efectivo a la seguridad pública.
Las irregularidades más frecuentes en las tareas de procuración y administración de justicia, así como de seguridad pública fueron: de tiempos prolongados sin actuación ministerial,; abuso de autoridad; omisión en la práctica de las diligencias necesarias para la integración de la investigación ministerial; la práctica ilegal de cateos; la detención arbitraria y la retención indebida.
Lo anterior se ve reflejado en el índice de inefectividad en la resolución de carpetas de investigación de 2019, pues de acuerdo a datos del Censo Nacional de de Procuración y Administración de Justicia de Instituto Nacionalidad de Estadística y Geografía, el promedio nacional alcanza solo el 19.4%.
Las entidades federativas donde las procuradurías o fiscalías alcanzan registran menor porcentaje de las efectividad son Aguas Calientes, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, todas las cifras son menores al 10%.
A nivel nacional el promedio de esclarecimiento de un delito es de 1.3%, sin embargo Guerrero es la entidad que presenta una probabilidad de .02%, lo que significa que solo uno de cada 500 habitantes en esa entidad se logra la esclarecer. Le siguen Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, y Tamaulipas, que presentan porcentajes inferiores al .06%.
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018, indica que en promedio existen 2.8 ministerios públicos por cada 100 habitantes en el país.
