La presión de Estados Unidos sobre la clase política mexicana volvió a subir de tono. Todd Blanche, actual fiscal general interino de la administración de Donald Trump, aseguró que el Departamento de Justicia mantiene como prioridad desmantelar las redes de corrupción que, según Washington, han permitido el crecimiento de los cárteles dentro de México.
Durante una entrevista con el medio estadounidense News Nation este 6 de mayo, Blanche dejó claro que la estrategia del gobierno republicano no se limitará únicamente a perseguir narcotraficantes, sino también a funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado. El mensaje fue directo: si existen servidores públicos involucrados, Estados Unidos no frenará sus investigaciones.
Las declaraciones llegan en un momento particularmente delicado para el gobierno de Claudia Sheinbaum, luego de que autoridades estadounidenses señalaran recientemente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros exfuncionarios y operadores políticos, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
🚨“Vienen más cargos contra políticos mexicanos”
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 7, 2026
Así lo adelanta Todd Blanche, fiscal general interino de EU
¿Seguirán protegiendo al narcogobernador de Sinaloa? pic.twitter.com/LmdimQuj3N
La nueva estrategia de Washington ya no distingue entre criminales y funcionarios
Todd Blanche explicó que la administración de Trump adoptó un enfoque “integral” para combatir las estructuras criminales que operan entre México y Estados Unidos. Eso implica atacar no sólo el narcotráfico, sino también las redes financieras, la corrupción institucional y el tráfico de personas.
El fiscal sostuvo que distintas agencias estadounidenses trabajan de manera coordinada para obtener información sobre los grupos criminales mexicanos y sus posibles conexiones políticas. En ese contexto, aseguró que las extradiciones recientes de líderes del narcotráfico han permitido ampliar las investigaciones gracias a la cooperación de varios detenidos.
La declaración deja ver algo que desde hace meses preocupa en distintos sectores políticos mexicanos: que las investigaciones estadounidenses ya no se concentran exclusivamente en capos o sicarios, sino también en funcionarios, operadores y figuras con peso dentro de gobiernos estatales.
Caso Rocha Moya aumenta tensión entre México y Estados Unidos
Las palabras del fiscal ocurren apenas días después de que surgieran acusaciones contra Rocha Moya y otros personajes cercanos al poder en Sinaloa. Aunque en México no existe una acusación judicial formal en su contra, el tema ha provocado un fuerte choque político y mediático.
Desde la oposición, figuras del PAN y otros bloques han exigido investigaciones inmediatas, mientras Morena ha cerrado filas alrededor del mandatario sinaloense. Sin embargo, en Washington el discurso parece ir en otra dirección: continuar las investigaciones sin importar el costo político.
