Mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realiza redadas de inmigrantes en todo el país, la ciudad de Nueva York les otorgó una nueva licencia a los agentes que operan en el territorio. ¿De qué se trata y qué límites contempla esta medida?
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció que permitirá que el ICE ingrese en la prisión de máxima seguridad de Rikers Island, tras una reunión con el designado por Donald Trump como "zar de la frontera", Tom Homan. El funcionario señaló que los agentes podrán operar en investigaciones criminales, pero no en la aplicación de leyes de inmigración civil.
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El acuerdo entre Nueva York y el zar de la frontera
Nueva York se declaró "ciudad santuario", lo que significa que las fuerzas locales no cooperan con las autoridades federales en materia de hacer cumplir las leyes de inmigración. Acerca de su reunión con Homan, el alcalde detalló: "Había una clara falta de comprensión de lo que corresponde a mi cargo y de las leyes y normas vigentes contra las que yo mismo lucho".
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Y agregó: "Una vez que él (Tom Homan) entendió exactamente cuáles son mis competencias, pudimos resolver algunas cosas".
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Debido al gran flujo de inmigrantes que recibió Nueva York en el último tiempo, Adams insistió en la necesidad de una cooperación con el gobierno federal. "He sido claro en que quiero trabajar con la nueva administración y no entrar en guerra con ellos, para encontrar puntos comunes y mejorar la vida de los neoyorquinos", aseveró.
El alcance del ICE en Nueva York
El alcalde y el "zar de la frontera" pusieron sobre la mesa la idea de integrar más agentes del Departamento de Policía de Nueva York a los grupos de trabajo federales para arrestar a criminales violentos. "Mantener seguros a los 8.3 millones de neoyorquinos que consideran nuestra ciudad un hogar es y seguirá siendo siempre la estrella del norte de nuestra administración", aseveró.
En tanto, Adams aseguró que solicitará al Ayuntamiento que modifique la normativa como "ciudad santuario" para que las autoridades puedan acceder a la "detención de individuos peligrosos y deportarlos".
