En México, el combate a la corrupción de servidores públicos parece avanzar con lentitud, especialmente cuando se trata de figuras cercanas al poder político. Casos como los de Adán Augusto López Hernández y Hernán "N" han reavivado el debate sobre la independencia de las instituciones de justicia y la existencia de posibles redes de protección política que frenan investigaciones formales.
De acuerdo con información pública, el actual líder de Morena en el Senado enfrenta 37 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, hasta ahora, ninguna autoridad ha iniciado acciones visibles en su contra ni ha informado sobre la apertura de carpetas de investigación relacionadas con dichos señalamientos.
En México, la justicia parece tener favoritos.
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 6, 2026
Adán Augusto López acumula 37 denuncias penales sin que la @FGRMexico lo toque. En el Congreso, las solicitudes para investigarlo duermen. Mientras tanto, su excolaborador Hernán Bermúdez sigue en silencio desde El Altiplano.
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Señalamientos de protección política y falta de acción judicial
El especialista en Derecho Constitucional, Manuel Balcázar, advierte que la inacción no es casual. En una de sus declaraciones señaló:
“Responde más bien a un esquema, a un manto de protección política en el cual no ha habido la instrucción de proceder...”Esta percepción se refuerza al observar que, en el ámbito legislativo, tampoco se han tomado medidas contundentes. Existen al menos dos solicitudes formales en el Senado para que se investiguen presuntas irregularidades en el patrimonio de Adán Augusto López, así como una solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados, sin que hasta el momento se haya avanzado en alguno de estos procesos.
El papel del expresidente y el blindaje institucionalPara Balcázar, la explicación de este estancamiento estaría ligada a un respaldo político de alto nivel. Así lo expresó:
“...Pero aquí tiene una protección política que se la está dando el expresidente Andrés Manuel López Obrador y eso hace que la protección legal tenga un seguro...”Los señalamientos de encabezar una presunta red de corrupción y tráfico de influencias no han derivado, hasta ahora, en responsabilidades legales ni en investigaciones abiertas por alguna fiscalía, lo que incrementa las dudas sobre la efectividad del sistema anticorrupción.
El caso Hernán Bermúdez Requena y el silencio prolongado
En paralelo, el caso de Hernán Bermúdez Requena también genera cuestionamientos. Su proceso en el penal del Altiplano se extendió tres meses más, periodo en el que no ha rendido declaración ni ha implicado a su antiguo jefe, amigo y socio. Para el especialista, la responsabilidad política es evidente:
“Porque es evidente que él falló, no solo en la selección de Hernán Bermúdez Requena sino también lo mantuvo en el cargo aún después de que se fue y prácticamente incurrió en varias irregularidades como son peculado, cohecho, conflicto de intereses y abuso de autoridad...”
Combate a la corrupción: una decisión política pendiente
En materia de combate a la corrupción, analistas coinciden en que la última palabra sigue estando en el ámbito político. Para críticos del sistema actual, las decisiones clave “descansan tranquilamente en Palenque”, sin prisa ni incentivos para que personajes cercanos al poder enfrenten la justicia.
Mientras tanto, los expedientes se acumulan, las denuncias permanecen sin resolución y la percepción de impunidad continúa erosionando la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la legalidad en México.
